Un lunes de hace más de un año tenía que ir a la tertulia de la Cope en Castellón. Como iba con tiempo de sobra, entré en una cafetería y pedí un té. Con mi habitual torpeza, pretendí llevar desde la barra a una mesa el periódico de la casa y la tetera con el agua hirviendo. Ocurrió lo peor. Me cayó todo encima, provocándome dolorosas quemaduras en el abdomen y las manos. Sin tiempo para cambiarme de ropa y con un importante malestar, me dirigí a la tertulia, donde el anfitrión, Raúl Puchol, me recibió con su habitual y contundente apretón de manos, que terminó por desatar enormes molestias, un quemazón que entonces fue difícil de soportar.
Afortunadamente, entré en una farmacia para exponer lo que me había ocurrido y me dieron una crema que podríamos decir que es mano de santo: Furacín 0,2%. Creo que en Ferraz deberían comprar un tubo con urgencia, ahora que Rubalcaba se empeña en poner la mano en el fuego por el exministro de Fomento, José Blanco.
Y es que, no quiero ser desagradable, pero al hablar con la gente de la calle, uno llega a la conclusión de que el secretario general del PSOE empieza a oler a chamusquina. Y lo que es peor, está restando fuerza al discurso de sus compañeros de partido en la Comunidad Valenciana, donde se afanan, con toda la razón, a la hora de denunciar la larguísima lista de imputados o encausados que en ese territorio tiene el Partido Popular, por muy distintos motivos, todos ellos feos, y algunos, muy feos.
Son tantos los populares valencianos inmersos en causas judiciales, que el pasado sábado, por más que lo intentó, Mariano Rajoy no pudo evitar en Peñíscola una fotografía con imputados. Al final le colaron una de familia, en la que estaban presentes la imputada alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su homónimo de Castellón (también en la imputación), Alfonso Bataller. Y Rita Barberá, a la que el juez Castro ha puesto en su punto de mira.
Se le echaba en cara al presidente del Gobierno que no hubiera pisado la Comunidad Valenciana desde que reside en el Palacio de la Moncloa, pero hay que reconocer que tenía motivos más que sobrados para sus reticencias. Después de socarrarse junto a Camps, toda prevención era poca en un territorio en el que el PP presenta tan alta tasa de imputados.
Que Rubalcaba es en estos momentos una rémora y un freno electoral para su partido, parece fuera de toda duda. Pero que se empeñe en seguir siéndolo llama mucho la atención. Cuesta comprender su apoyo a Blanco, ahora que el Tribunal Supremo ha pedido al Congreso de los Diputados el suplicatorio para juzgarlo por un presunto delito de tráfico de influencias. Para que el mensaje de los socialistas resulte creíble, Blanco debe caer, ha de renunciar a su escaño, y si no lo hace, se lo debe exigir el secretario general de su partido. Si lo condenan, adiós muy buenas, y si finalmente es absuelto, que se anuncie su vuelta a bombo y platillo, que sea rehabilitado con todos los honores.
Pero lo que no puede ocurrir es lo de ahora. De nada sirve que el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, impulse un mensaje contra la corrupción y a favor de la regeneración política, si el electorado acaba percibiendo que la dirección federal del partido exige las cabezas de los imputados ajenos y preserva las de los propios. Esta postura es inadmisible. Tanto como la torpeza de la vicesecretaria general del Partido Socialista, Elena Valenciano, quien hace unas semanas, le dijo con toda la tranquilidad del mundo a Pepa Bueno en la SER que “los imputados del PP deben dimitir porque están en el Gobierno, pero los del PSOE no, porque están en la oposición”. ¿Se puede hacer más el ridículo? ¿Se pueden ganar unas elecciones con semejante discurso? Por lo que pueda pasar, en Ferraz deberían ir comprando Furacín 0,2%.
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