El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este sábado que el Ejecutivo recibiría con "agrado" la participación del presidente cesado Carles Puigdemont en las elecciones a la Generalitat de Cataluña del próximo 21 de diciembre.
"Puigdemont y todos los líderes políticos pueden participar en las elecciones porque están en su derecho. Sería bueno porque es una manera de que los catalanes juzgasen y opinen sobre las políticas que ha llevado a cabo el señor Puigdemont en el último año", ha señalado Méndez de Vigo en una entrevista con Reuters, subrayando que si este se niega a abandonar su cargo, el Gobierno reaccionará con "inteligencia y sentido común".
Por su parte, el expresidente catalán ha lamentado, en sus primeras palabras públicas tras el cese del Govern, que el anuncio del presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, de cesarle y de disolver el Parlament supone una intervención del autogobierno catalán y "son decisiones contrarias a la voluntad expresada por los ciudadanos del país en las urnas".
Por otro lado, Méndez de Vigo ha resaltado que en España el poder judicial es "independiente" del ejecutivo y que, por tanto, si Puigdemont debe enfrentarse o no a juicio dependerá de los tribunales. "Nadie está por encima de la ley", ha apuntado.
Finalmente, el ministro de Educación, Cultura y Deporte ha subrayado que confía en que los Mossos d'Esquadra obedecerán la ley después de que el Ministerio del Interior haya situado al frente de la jefatura del cuerpo policial autonómico a Ferrán López, tras el cese del mayor Josep Lluís Trapero.
Hoy se cumple un mes desde que la DANA azotó con inusitada violencia la provincia de Valencia, causando inundaciones catastróficas que resultaron en la pérdida de 222 vidas humanas y han dejado a miles de familias en situación de vulnerabilidad. Municipios como Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Massanassa, Paiporta y Picanya, entre otros muchos, han sido especialmente afectados, y siguen enfrentándose a una devastación sin precedentes.
La titular de Trabajo persigue un triple propósito: que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, que se alcance por fin el 60% del salario medio nacional como recomienda la Carta Social Europea y que las futuras subidas salariales queden reguladas y aumenten automáticamente sin que tengan que estar al albur del gobierno de turno o de su aprobación en el Congreso de los Diputados.
A tan solo semanas de finalizar el año 2024, aún queda sin convocar un número significativo de plazas correspondientes a las Ofertas de Empleo Público (OEP) aprobadas en 2024, al menos 5.000, a las que hay que sumar las que aún siguen pendientes de la OEP de 2023, como por ejemplo las oposiciones de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, que tiene 326 plazas pendientes.
