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Continúa la votación sobre el reglamento de la Convención Constitucional de Chile tras un parón por la COVID-19

Agencias
martes, 28 de septiembre de 2021, 13:47 h (CET)

Continúa la votación sobre el reglamento de la Convención Constitucional de Chile tras un parón por la COVID-19

El debate sobre el reglamento de la Convención Constitucional de Chile, encargada de la redacción de una nueva Carta Magna, se ha reanudado después de un parón a raíz de varios casos de coronavirus detectados entre sus integrantes.

No obstante, un gran número de integrantes han asistido de forma telemática al encuentro, que ha permitido seguir deliberando sobre las diversas enmiendas presentadas al texto de normativa interna.

Asimismo, se ha dado paso a la ratificación de las siete comisiones temáticas que tendrá la instancia, así como sus objetivos, según informaciones del diario 'La Tercera'. Además, se ha aprobado la creación de una plataforma electrónica para que la ciudadanía tenga acceso a la declaración de patrimonio de los constituyentes, las audiencias celebradas, los viajes realizados, regalos recibidos y asignaciones, entre otras cuestiones.

Los integrantes han decidido que los miembros de la Secretaría Técnica serán elegidos por mayoría de los miembros presentes en el pleno. Para ostentar el cargo deben tener una comprobada idoneidad y no podrán detentar la calidad de convencional, tal y como han acordado.

La redacción de la nueva Constitución en Chile, que vendrá a sustituir a la anterior aprobada en 1980 bajo el régimen de Pinochet, es el resultado de las movilizaciones contra el Gobierno de Sebastián Piñera que comenzaron en octubre de 2019 y se prolongaron durante meses.

Hasta ahora la Carta Magna del país, que se remonta a 1980, ha sido modificada en varias ocasiones. No obstante, sigue siendo para muchos herencia de la dictadura militar y un texto que legitima la poca implicación del Estado a la hora de ofrecer los servicios más básicos a la ciudadanía.

El documento promueve un modelo socioeconómico neoliberal en uno de los países latinoamericanos con mayor desigualdad --posee el PIB per cápita más alto de la región--. Esta situación ha servido de carburante para la indignación y las protestas contra el Gobierno.

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