Aborto libre y con garantías sanitarias

Uno de los temas que mejor define ideológicamente a una persona y a un partido político es su postura a favor o en contra del aborto.

La Iglesia católica y organizaciones como el Instituto de Política Familiar tratan de influir y condicionar a la sociedad sobre este tema. Argumentan en contra del aborto que el concebido es ya una persona con derechos. Todo ser humano tiene derechos, dicen estos organismos, pero no tienen en cuenta la opinión de las mujeres como seres humanos que son, porque ellas, y no los no nacidos, son los sujetos activos de derechos en esta ley. Es en esta cuestión donde el patriarcado se ceba en la subordinación femenina haciendo el mayor daño posible a la autonomía de las mujeres. Se protege al no nacido con el fin de anular la voluntad de las mujeres, para hacerlas menores de edad y carentes de opinión propia. En el cuerpo de las mujeres es donde se libran todas las batallas de la desigualdad de género.

Se pide aborto libre y con garantías sanitarias para las mujeres que lo tengan que sufrir. Porque salvo casos muy seleccionados, el aborto es indeseado y constituye un momento de sufrimiento, aparte de poner en riesgo la vida de las madres.

Viene todo ello a cuento porque una periodista publicó recientemente en las redes sociales un vía crucis para interrumpir su embarazo no deseado, que no se ajustaba a los supuestos contemplados en la ley vigente sobre el aborto. Le ocurre a ella y a muchas mujeres, las interrupciones de embarazos se hacen cada día en España, unas de acuerdo a lo regulado, y otras al margen de la norma. Los abortos se practican sean o no legales. Las mujeres que pueden pagarlo optan por clínicas con garantías sanitarias, las que no pueden pagarlas, ponen en riesgo sus vidas. Por eso tendría que haber cobertura sanitaria en igualdad de condiciones para todas ellas. Después de la ley de los tres supuestos y después de la ley de plazos, tendría que haber aborto libre, gratuito, y con garantías sanitarias.

A día de hoy, aunque está en vigor una ley que regula la interrupción del embarazo, en España no hay aborto libre y despenalizado, al contrario de lo que se pueda pensar, pues la ley que lo regula establece condiciones para unos casos y otros no los contempla. Por ejemplo, la ley en vigor, reformada en el año 2015, establece que las mujeres de 16 y 17 años tienen que contar con el permiso de sus padres para someterse a una interrupción voluntaria de embarazo. Es conocido el rechazo social que ha generado este cambio, porque la ley de 2010, de la salud sexual y reproductiva, no impide a los progenitores ofrecer asistencia a sus hijas, como se ha publicado. Los padres que tenían y tienen buena comunicación con sus hijas no necesitaban esta reforma. Eran libres de perseguir la quimera de ser padres perfectos, pero no deberían intentarlo a costa de los demás. La buena comunicación y relación familiar se practica mucho antes de la adolescencia. En esta etapa tiene que estar ya trabajada esa relación para que no haya discrepancias sobre cuestiones que se relacionan con la libertad sexual. Pero la ley modificada no mira a los padres, sino al sujeto que protege, a la mujer embarazada que no quiere seguir con la gestación. Se creó un falso debate sobre la comunicación padres e hijas cuando la realidad es que la ley protege a todas las mujeres sin discriminar qué familias están de acuerdo en ciertos temas morales y cuáles no.

En las tertulias de las terrazas de verano todavía se escuchan comentarios sobre esta cuestión y hay voces de madres que justifican la bondad de la reforma porque, dicen, ¿qué madre no quiere saber si su hija está embarazada y piensa abortar sin decírselo? Las menores embarazadas de esas edades son libres de contar a quien quieran de sus familia sobre su estado. En eso la ley no se entromete, pero la reforma, sin embargo, entorpece la vida de las mujeres de 16 y 17 años y las excluye si no tienen una relación paterno-filial idílica, en la que el legislador nunca debió meter la pezuña.