| ||||||||||||||||||||||
El Juramento de Oviedo Matto | |||
| Activistas políticos se unen en Paraguay para impedir el acceso de congresistas poco honorables al Parlamento | |||
| |||
|
Dijo Oscar Wilde que una sociedad se embrutece más con el empleo habitual de los castigos que con la repetición de los delitos. Tal vez sea una de las causas por las cuales se ha embrutecido tanto la sociedad paraguaya, donde el castigo inducido se ha impuesto con más frecuencia a los inocentes que a los pecadores, y se ha repetido en mayor número que los mismos delitos. Un ejemplo es el caso de las sobrefacturaciones de tierras que involucran al senador Jorge Oviedo Matto, y otros altos funcionarios de varios gobiernos recientes, escándalos que han llevado a varias organizaciones ciudadanas a organizarse para buscar impedir su juramento como miembro del Parlamento este fin de mes. Las razones para la movilización son abundantes. En documentos de la procuraduría general de la República y del INDI quedó patentizada la participación de Jorge Oviedo Matto en la venta al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) de unas tierras compradas en 55% más del precio en que fueron valuadas inicialmente, a fines del año 2011. Aunque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones había tasado las tierras en un precio de 2.190.000 guaranís por hectárea, Ayala se basó en una “recomendación” que arrancó a la Procuraduría para subir el precio a 2.847.000 guaranís por Hectárea. Así la suma desembolsada por el estado subió de 22.584.594.000 a 35.053.972.200 guaranís, que multiplicado por decenas de miles de hectáreas, dejó una diferencia de unos tres millones de dólares nunca explicada. El inmueble, de una superficie de 12.312 hectáreas, estaba compuesto de la finca n.º 17.326, padrón n.º 480, en el lugar conocido como Puerto Colón, Depto. de Pdte. Hayes. El 23 de diciembre del 2011, bajo la presidencia de Óscar Ayala, el Indi firmó el contrato de compraventa con la empresa El Algarrobal SA, de la cual es propietario Jorge Oviedo Matto, y cuyo apoderado era Roberto Pires Torres, primo del legislador. El avalúo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) fijó el costo de la propiedad en G. 22.584 millones, precio que, una vez comunicado a la empresa, fue rechazado por la misma. El Indi decidió desatender la tasación y negoció el nuevo precio, establecido finalmente en G. 35.053 millones, un 55% más del costo inicial, que finalmente se abonó por la propiedad, conforme consta en el contrato de compraventa. El ex titular del Indi Óscar Ayala usó como coartada el fallo de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de las comunidades Yakye Axa y Kelyenmagategma, para una sobrefacturación que pasó de 22.584.594.000 guaraníes a 35.053.972.200. Previamente, se obtuvo un dictamen propiciatorio de la Procuradoría General de la República. El entorno de Oviedo Matto fue beneficiado en un caso similar, donde el Indert compró, en medio de innumerables irregularidades, a la empresa San Agustín una propiedad en Cordillera por el doble de su precio establecido, monto que varió sin ninguna justificación. El informe del avalúo oficial presentado por el MOPC, del 3 de diciembre del 2012, indicó que costaba G. 5.300.000 la hectárea, pero una modificación rápida del documento lo valuó en G. 10.500.000 la hectárea, el 28 del mismo mes. Estas operaciones se repitieron tantas veces, con distintas instituciones del estado y en tantas escribanías, que podríamos hablar de un sobre-facturador de tierras serial. ¿Logrará Oviedo Matto con semejantes antecedentes burlarse de la ciudadanía organizada y acceder al senado? Ninguna posibilidad puede descartarse en un país donde como pocos, la política es un acto de equilibrio entre aquellos que quieren entrar y los que no quieren salir. Y no está demás mencionar que los antecedentes históricos recuerdan juramentos de los más insólitos en el recinto del Parlamento paraguayo. Como ejemplo, valga recordar que el general Bernardino Caballero, veterano de la guerra del 70, debió prestar juramento como vicepresidente de Héctor Carvallo en enero de 1902, con el rostro todavía ensangrentado, dado que una bala le había rozado el rostro y otra le había herido una de las manos, en una balacera que previamente al acto se desató súbitamente entre los congresistas. En aquella oportunidad, el presidente Emilio Aceval fue obligado a renunciar por otros líderes de su propio partido, como los generales Caballero y Escobar, desatándose una acalorada discusión en el Congreso. El líder liberal Antonio Taboada defendió la tesis de que era necesario un juicio político para salvar las formas, dado que Aceval aún se encontraba vivo y no había renunciado. La discusión entre parlamentarios se fue volviendo cada vez más airada, hasta que el senador Facundo Ynsfrán encendió la chispa diciendo que la fruta ya había caído de madura y por su propio peso. En ese momento se escucharon dos disparos, y le siguieron como sesenta más desde distintas posiciones del recinto parlamentario, incluida la barra. En el tiroteo intervinieron tanto los congresistas como el público, hasta que alarmados, los militares que rodeaban el edificio abrieron a su vez fuego de artillería contra el Congreso. Inmediatamente cesó la balacera en el interior, pero Ynsfrán ya había perdido la vida. Este tipo de escenas se repiten cada tantos años en Paraguay, por lo que no es imposible que la afición vuelva a deleitarse con ellos en el momento menos pensado. En ese contexto, muchos activistas políticos aguardan con expectativa el juramento de Oviedo Matto, un espectáculo que se anticipa será prometedor y para alquilar balcones. Como lo escribiera alguna vez Gregorio Marañón, las oposiciones son el más sangriento espectáculo nacional en España después de los toros. En Paraguay, ocupan cómodamente el primer lugar. |
| ||||||||||||||
© 2024 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto