El intelectual estadounidense James Petras describió años atrás la forma en que detrás de un lenguaje y apariencia progresistas, las ONG ocultaban la cara más reaccionaria del neoliberalismo.
Una reciente noticia procedente de Moscú informaba de las medidas que el gobierno de Putin había adoptado para combatir el flagelo que para la sociedad rusa representan estas asociaciones, que muchas veces contradicen a su propia denominación y a los fines que proclaman, recibiendo dinero de gobiernos y lucrando de manera anti-social.
El presidente ruso reivindica el derecho de la sociedad de su pais a conocer quién aporta el dinero para estas asociaciones, que por lo general es desviado hacia el activismo político. En Venezuela, han sido categorizadas lisa y llanamente como “consulados extranjeros ilegales”.
La abogada Eva Golinger considera que aquellos que reciben dinero del departamento de estado norteamericano a través de USAID, no son dignos de confianza y por lo general se dedican a actividades ajenas a las que proclaman, pasando a convertirse en lacayos de intereses extranjeros al país donde activan.
En pocos países es tan descarada esta malversación como en Paraguay, donde además de recibir financiación externa, las ONG también se incrustan en las oficinas estatales para administrar el dinero del contribuyente paraguayo.
A través de fundaciones extranjeras, grupos periodísticos se vinculan a estas ONG y en la sociedad paraguaya han tendido redes que funcionan como un embudo, determinando que los fondos públicos sólo puedan ser administradas por un puñado de personas reputadas como “notables” e “impolutos”.
Si alguien osa desafiar el monopolio que un pequeño grupo de personas ostenta sobre el manejo de fondos públicos, las ONG y su prensa amiga se movilizan con una furibunda campaña mediática con el fin de desacreditar su catadura moral. Los periodistas afines a las ONG son enviados a presionar a fiscales, y a través de “entrevistas” inducidas, les obligan a declarar la culpabilidad de aquellos que les niegan los fondos que apetecen.
Es lo que ha sucedido con el ex director de la oficina de asuntos indígenas de Paraguay, Rubén Quesnel, a quien las ONG que gozan del favor mediático acusan de corrupto por no haberles entregado el dinero que exigían administrar.
Para empeorar la situación, una de sus familiares suplantó a una ministra con estrechos vínculos en el andamiaje de embajadas extranjeras con periodistas y ONG amigas. Ello determinó el “linchamiento mediático” de Quesnel, con publicaciones y grabaciones de video sacadas de contexto, que supuestamente probarían de manera “contundente” su culpalibilidad en la “desaparición” de una fuerte suma de los pueblos originarios.
El abogado de Rubén Quesnel, Rolando Cáceres Salvioni, declaró en una entrevista en la TV paraguaya que en realidad, todo se trata de una guerra entre ONG, y que una de ellas, autodenominada Tierra Viva, sencillamente está movilizando a su prensa amiga para incriminar al director del INDI que le negó administrar el dinero.
También recordó la participación de uno de los principales directivos de dicha organización, el abogado Oscar Ayala, en el escándalo por corrupción conocido como el “del Algarrobal”, en el que también se encuentra acusado el senador Jorge Oviedo Matto, a quien Hugo Chávez acusara de solicitar coima para votar por el ingreso de Venezuela al Mercosur.
Lo que se deduce de las denuncias de Quesnel y su abogado es que en el Paraguay existe un grupo de personeros de estas ONG asociados a empresarios de medios, y que a través de sus vínculos con embajadas extranjeras también están ligados a fiscales y jueces, que son quienes en sociedad han establecido un monopolio sobre los fondos públicos paraguayos. Si las ONG que ellos señalan no recibe el dinero como lo ordenan, quien contraría sus designios recibe una andanada de ataques mediáticos y es enviado a la cárcel.
Ello explica también el marcado antagonismo que existe entre medios y dirigentes políticos, agudizado en las últimas semanas, y el auge de promoción de supuestos “técnicos” en la administración pública.
A partir del destape de la olla podrida de las ONG con las revelaciones de Quesnel, puede deducirse cuánta razón tenía Paulo Freire cuando decía que en un régimen de dominación de conciencias, en que los que más trabajan menos pueden decir su palabra, y en que inmensas multitudes ni siquiera tienen condiciones para trabajar, los dominadores mantienen el monopolio de la palabra, con que mistifican, masifican y dominan.
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