Decía el gaucho Martín Fierro, personaje del más popular de los libros argentinos, que la ley es como la tela de una araña. No la teme el bicho grande, ni aquél que mande, dado que solo se enredan en ella insectos chicos.
Es lo que ha sucedido luego de un sonado escándalo en Paraguay, donde se denunciaba la terrible realidad que un diputado había rescatado de su pobreza a su niñera logrando que sea contratada con alta remuneración, algo que realmente es un sacrilegio para el verticalismo clasista que rige en esta sociedad.
Cuando toda la prensa señalaba como responsable al diputado Víctor Bogado, las autoridades sorprendieron al respetable público acusando a la niñera de tal ultraje a las fronteras entre clases sociales.
En ese contexto, la Cámara de diputados resolvió “la sustanciación de una investigación preliminar en sede administrativa, en averiguación y esclarecimiento de denuncias aparecidas en medios de prensa, a través de las cuales se vinculan a la señorita Gabriela Quintana Venialgo, con cédula de identidad civil Nº 4.483.509, funcionaria permanente de este alto cuerpo legislativo, en supuestos hechos de percepción de doble remuneración del Estado, en contravención a preceptos de orden constitucional y legal".
En un segundo plano, aparecen como protagonistas de escándalos de menor resonancia la diputada Perla de Vazquez, quien logró que su hija sea contratada en el Congreso. Aunque se trata de una profesional calificada, en este caso una médica cirujana, no pasa la homologación dado que su pecado es haber estudiado en Cuba.
Para comprender el problema planteado, debe considerarse que en Paraguay existen 273 mil personas trabajando para el estado, por lo que estos funcionarios y sus respectivas familias superan fácilmente el millón, una sexta parte de la población del país. Como en muchos países de Latinoamérica, el estado suplió así a la burguesía inexistente o fraudulenta en el papel de crear empleos, aunque muchos de ellos supernumerarios y prebendarios.
Esta realidad complica a la prensa denunciante, dado que la mayoría de los periodistas que vociferan contra el funcionariado público, y en particular contra la clase política, desprestigiando a la democracia representativa del país, también aparecen en las nóminas divulgadas.
El caso más sonado involucró al periodista Carlos Peralta, a quien el diputado Oscar Tuma acusó de "colocar" a su esposa, hija y hermano en instituciones públicas. En las redes sociales se difundieron infografías señalando que su esposa gana 16 millones de la moneda nacional en Yacyreta, su hermano 20 millones en el mismo lugar, y su hija cerca de diez millones en la Fiscalía.
Posteriormente se generó una polémica en torno a la misma periodísta que montó un buscador para identificar a “zoqueteros”.
Así varios medios digitales mencionaron a Carlos Guillermo Rehnfeldt Arias (padre de la periodista), como miembro del Tribunal Civil, Comercial y Laboral, en el Poder Judicial. El mismo figura con un sueldo de 17.200.000 guaranies. La lista sigue con María Emilia Rehnfeldt Ortigoza, funcionaria permanente de la Contraloría, percibe un salario de 5.199.000 guaranies. Juan José Mazzacote Rehnfeldt, funcionario permanente de la Contraloría, con 2.141.000 de guaranies, y María del Rocío Ramirez Rehnfeldt, quien percibe 3 millones de guaranies, a través de un cargo al que accedió en el Instituto de Previsión Social. Aunque uno de los citados es bien conocido como su sobrino, la periodista explicó que a su padre es al único a quien conoce entre estos parientes.
En las investigaciones periodísticas no se menciona que la actual ministra de Cultura también se ha abocado a la repartija de zoquetes entre sus amigos incondicionales, casualmente porque también lo son de prominentes periodistas. Se sabe que en su ONG que se llama ECODES, tiene empleados fantasmas como por ejemplo su hijo que cobra un supuesto sueldo y a quien su mamá le paga IPS.
Obviamente, el caso no merece atención porque las ONG gozan de toda confianza para la patria periodística, al punto que entes del estado deben dotarlos de fondos para sus proyectos, en su mayoría fantasmas.
Anónimos venecianos, de nuevo en boga ahora en Paraguay, señalan que en otros casos nunca pagó IPS a sus empleados y al que osaba renunciar nunca reconocía su antigüedad. Con mucha suerte pagaba aguinaldo y no daba vacaciones.
Hoy, en la Secretaría de Cultura, sigue removiendo a las personas capacitadas del partido de gobierno y coloca en reemplazo a funcionarios afines al monopolio mediático paraguayo, como la ex vice ministra de la mujer que ocupa actualmente el cargo de Directora de Cooperación.
Así las cosas, se hace evidente que se mide con un doble rasero a los zoqueteros en Paraguay, reviviendo una vieja práctica de tiempos de la dictadura, que dividía a paraguayos en ciudadanos de primera y segunda categoría.
Ya Honoré de Balzac había reflexionado dos siglos atrás que aunque la igualdad tal vez sea un derecho, no hay poder humano que alcance jamás a convertirla en hecho.
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