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La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado pidió este lunes al Gobierno que, en aplicación de las sanciones y embargos a Rusia por su invasión a Ucrania, destine los beneficios y bienes embargados en el país a financiar un fondo de ayuda a refugiados de Ucrania.
De este modo, la Red propone hacer "igual que con los decomisos del narcotráfico y la droga", que sirven para dotar y financiar el Plan Nacional sobre Drogas. “Pedimos al Gobierno de España que proceda a decomisar todos los bienes de los oligarcas rusos, así como a detraer todo el saldo de sus cuentas bancarias y a promover que dichos fondos sean destinados íntegramente a financiar una red estable de ayudas económicas y de vivienda para la acogida de refugiados de Ucrania”.
“Utilicemos los fondos que generarán los embargos y la aplicación de las medidas contra Rusia para algo imprescindible: ayudar a los miles de refugiados que huyen de la guerra en Ucrania", exigió Rafael Escudero, director de la Red.
Por ello, reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez que "habilite vías para que estos patrimonios y fondos se deriven directamente a la sociedad civil y a las dotaciones patrimoniales de las entidades de asilo y refugio".
El 28 de mayo, Aldeas Infantiles SOS inició una reubicación de emergencia de los niños, niñas y adultos que residían en la Aldea Infantil SOS de Rafah debido al dramático aumento del riesgo para su seguridad. Los 33 pequeños desplazados llegaron a salvo a un lugar alternativo en el centro de la Franja de Gaza. Con esta reubicación de emergencia, la Aldea Infantil SOS de Rafah dejará de ser un centro de ayuda humanitaria para la comunidad local en esta ciudad.
El desempleo disminuirá levemente este año, pero la desigualdad en el acceso al empleo se mantiene como un problema en todo el mundo y afecta sobre todo a las mujeres en los países de bajos ingresos, según señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Parlamento Europeo desempeña un papel crucial en la formulación de políticas que afectan a más de 447 millones de ciudadanos. Entre sus competencias se encuentran la aprobación de leyes que impactan en el mercado interior, la protección del medio ambiente, los derechos de los consumidores y la regulación del sector digital, entre otros. Además, el Parlamento tiene un rol clave en la ratificación de tratados internacionales y en la supervisión del gasto comunitario.
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