Este último año en España han subido los sueldos un 42% menos que en el resto de los países europeos. La inflación está en dos dígitos y para seguir. En relación con la cesta de la compra, para muchas familias de clase media es imposible llegar a fin de mes sin prescindir de algunos tipos de alimentos que son esenciales. Y la pobreza está llegando a niveles alarmantes, nunca vistos en las últimas décadas. Las colas del hambre ya se ven en algunas calles de nuestras ciudades. Es sobrecogedor la cantidad de gente que tiene que ir a comedores sociales.

Además, más de 17 millones de personas en todo el mundo han muerto por la dejadez de los Gobiernos, que no han proporcionado la atención médica suficiente, en el periodo más duro de la pandemia o no han ofrecido asistencia sanitaria, como era su obligación política, jurídica y ética. Mucha gente mayor, durante la parte más dura de la pandemia del coronavirus,murieron pidiendo socorro y que los trasladaran desde las residencias a los hospitales y sus peticiones desesperadas no fueron atendidas, con resultado de muerte. Se tenían que haber puesto más mascarillas, respiradores y médicos desde el principio y no se hizo.

En España los sueldos, al igual que las pensiones, tienen que estar al mismo nivel que en Francia o Alemania, por ejemplo, y las excusas no sirven de nada. Los españoles no debemos tener menos oportunidades que los ciudadanos de los países europeos más desarrollados. Tanto los salarios como las pensiones tienen que subir, según marca el IPC real de todo el año y no con el que aparece en noviembre. Se entiende que ingleses y alemanes vengan a pasar los inviernos  en nuestro país, ya que de esa manera ahorran  en calefacción y en los restantes gastos que tienen en sus países de procedencia. Los ingleses, alemanes, etcétera., están ganando el doble que los españoles y me refiero a sueldos y pensiones.

El Gobierno tiene que poner una tasa o impuesto a las eléctricas, al igual que lo está haciendo por un periodo de dos años el Reino Unido.  No se entiende y va contra los derechos individuales, que las compañías energéticas logren beneficios extraordinarios a costa de los ciudadanos. También los bancos  hacen de las suyas para zafarse de los controles del Gobierno central.  Si el Euribor sube dos puntos, lo suben dos puntos más para ganar el doble, adelantándose a la reacción de las autoridades políticas. En cambio, en los depósitos de  millones de ahorradores el interés que ofrecen es prácticamente cero y en la mayoría de los casos el coste de mantenimiento de los mismos hace que el rendimiento sea negativo al cabo de cada año, si no se ingresa una pequeña cantidad de dinero. Es vergonzoso. El dinero del rescate a los bancos no se ha devuelto a los ciudadanos, ya que salió de la hucha de las pensiones.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez tiene que coger el toro por los cuernos y tomar medidas efectivas para cambiar esta realidad económica desastrosa, que está afectando negativamente a millones de ciudadanos de la clase media en España. Poner tasas o impuestos a los bancos, a las compañías eléctricas y a las grandes empresas, de tal manera que se obtengan cantidades ingentes de dinero, que sirvan para remediar esta situación crítica, que está atravesando la microeconomía de una parte considerable de la ciudadanía española. Y esto no significa que con estas tasas se van a arruinar los bancos y las grandes empresas y compañías. Estas podrán seguir teniendo beneficios, pero no extraordinarios o astronómicos.

El ingreso mínimo vital se puede financiar con los impuestos o tasas, incluidas estas últimas a las que me acabo de referir. De esta forma, todos ganaríamos. Lo que no debería ser es que, las puertas giratorias para los políticos, condicionen las medidas a tomar respecto a las grandes empresas, para que devuelvan estos favores a los que se retiran de la actividad política y se incorporan a los Consejos de Administración de esas mismas empresas.

En relación con el derecho a una vivienda digna resta mucha tarea política por hacer. La cuestión de los ocupas debe ser resuelta construyendo muchas más viviendas públicas de protección oficial a bajo precio. El Estado debería ofrecer ayudas para el alquiler y la compra de pisos y también aumentar los años de hipoteca para las personas mayores de 60 años, que también tienen derecho a comprar piso, ya que existen seguros de vida que neutralizan los riesgos. Actualmente, la esperanza de vida ha subido considerablemente. No es como hace varias décadas.