En la Republica del Paraguay, recientemente saltó a la luz pública el increíble episodio de la instrumentación documentada del tráfico de influencias, por parte del Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Dr. Antonio Fretes.

En efecto, el hijo del Presidente de la CSJ ha formalizado un contrato de prestación de servicios jurídicos con un extraditable a los Estados Unidos por una suma que tal vez solo los estudios jurídicos más encumbrados y tradicionales serían capaces de lograr y por trabajos que tal vez duren más de un año.

El Dr. Fretes (hijo) no es una luminaria en el ámbito jurídico hasta el punto de que no ejerce regularmente el derecho en la lucha de los tribunales sino que se ha acomodado pacíficamente en un trabajo propio de un burócrata oficinista en la Itaipu Binacional y se sabe que no por méritos propios.

En una emisión radial con la periodista Mabel Rehnfeldt ha quedado claro que el contrato con Kassem Mohamad Hijazi no era para un asesoramiento jurídico sino para la obtención de un beneficio extralegal.

Así se esforzaba el Dr. Fretes (h). Es decir, que una vez que le solicitaron el servicio “jurídico” llego a la conclusión de que “no había nada más que hacer”, se entiende desde el punto de vista jurídico, pero que su interlocutor el hijo, sobre Hijazi le insistía que vea “algo que se pueda hacer” para evitar la extradición.

La perspicacia de la periodista Mabel Rehnfeldt condujo a su interlocutor a confirmar que ese “algo” no era otra cosa que usar el nexo familiar y el poder del dinero para “convencer” o para que encuentre ese tan preciado “algo” que permita torcer la justicia y evitar la extradición.

Si la fiscalía no ve en eso una prueba completa del tráfico de influencias es porque decididamente esa fiscalía es parte del sistema de corrupción y Fiscal General Sandra Raquel Quiñonez Astigarraga, se ha demostrado en muchas oportunidades de torcer la ley y archivar las carpetas de algunos militares, narco-terroristas y políticos con frondosos antecedentes. Quiñonez Astigarraga no quiere investigar: a la gestión del actual Gobierno del Paraguay y del Ministro Federico Alberto González Franco que están dando cancha libre, a los peligrosos grupos terroristas con vínculos internacionales y con Irán. Quiñonez Astigarraga no tiene voluntad de investigar los crecientes casos de violaciones de derechos humanos y torturas cometidos por la cúpula de las Fuerzas Armadas del Paraguay en el LICEMIL Liceo Militar “Acosta Ñu”; esta institución es convertida en un campo de concentración igual al de Dachau por el coronel Carlos Martínez; el Teniente Coronel Aquiles Villalba, el Teniente Coronel Cristhian Candia, el Teniente Coronel Osvaldo Candia y el Capitán José Lizza. Actualmente, Carlos Martínez está esperando para ascender en el cargo de general. ¿Como un uniformado que tortura constantemente a los jóvenes paraguayos, puede ser promovido en sus funciones? Solo en la República Bananera del Paraguay, puede ocurrir esto.

Ahora bien, el meollo no termina aquí y los U$S 386.000 comprometidos por ese servicio jurídico – a favor de Kassem Mohamad Hijazi – son anecdóticos al probable y tan comentado paquete accionario del Banco Continental y Banco Rio que se dice ser de propiedad del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, para el padre del abogado de Hijazi.

Es vox populi y se dice que cuando el rio suena es porque piedras lleva, que el Dr. Antonio Fretes es inmensamente rico y se señala también en esos dos activos importantes, además de inmuebles, efectivo y créditos eventualmente disimulados con testaferros.

Serian probables activos del de Fretes y testaferros los siguientes:

- Banco Continental

- Chivato S.A.

- Voirons S.A.

- Banco Rio

- Ahoraite S.A.

- Rio Salado S.A.

- Tebicuary Campos y Haciendas S.A.

- Negocios y Servicios S.A.

- Patria S.A.

Testaferros:

- Amílcar Fretes

- Asdura Fretes

- Adriana Florentín Oliver

- Lourdes González Gómez

- Roberto Báez

- Reinaldo Báez Oporto Leiva

- Pamela Meseguer

Aquí sin querer defender queda al frente la SEPRELAD y la embajada de los EE.UU., con el programa de lucha contra el crimen organizado que tan activamente ofrece al Paraguay (de la FGE no hablemos porque también es vox populi que es parte del sistema). La SEPRELAD con sus amigos los americanos deberían requerir a los Banco Continental y Banco Rio y las demás empresas referidas un informe acerca de la composición accionaria que hoy con la nueva ley de sociedades por acciones (aun mal llamada sociedad anónima) es factible llegar al beneficiario final.

También es fácil investigar si quien resulta beneficiario final de un importante patrimonio tiene justificativos para acreditar la legitimidad de ese patrimonio. Además, en administración pública existe la obligación de la declaración jurada que debe ser cotejada.

Atendiendo a que en solo un caso la familia iba a facturar U$S 386.000, digo la familia porque nadie en sano juico va a creerse la historia de que el Dr. Almircar es un codiciado abogado experto en extradiciones y que trabaja en solitario.

Algunos ingenuos o tal vez ayudantes senadores y diputados exigen la renuncia del presidente de la Corte. No señores, los hechos son muy graves debe hacerse el juicio político y de comprobarse el mal desempeño, y debe hacer la investigación el fiscal.

El hecho del mal desempeño está consumado aún si Amílcar ejerciera realmente el derecho como defensor del extraditable nunca podría haber aceptado un trabajo donde su padre es juez o acaso pretendía usar testaferros o hacer inhibir a su padre. Las evidencias son muy explicitas. No basta una renuncia.

Hoy como nunca las instituciones paraguayas y entidades extranjeras que se llenan la boca de palabras de anticorrupción deberán poner en funcionamiento el procedimiento acorde con la envergadura del hecho.

El Presidente de la Corte debe ser investigado. Debe hacerse en el primer término una investigación del patrimonio que posee, detección de sus testaferros (nombre tierno para referirse al cómplice de un delito), correspondencia de sus ingresos con el patrimonio y los encargados son la Contraloría, la SEPRELAD y la Fiscal General del Estado (FGE).

Cualquier resultado deficiente nos dará la certeza de que el crimen organizado comprende también esas instituciones y porque no al propio gobierno. Ahí debe entrar la segunda tanda de contralores y son el JEM respecto de los fiscales, el legislativo mediante el poderoso instituto del juicio político ante la eventual inacción de la FGE y del 𝐉𝐔𝐑𝐀𝐃𝐎 𝐃𝐄 𝐄𝐍𝐉𝐔𝐈𝐂𝐈𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐆𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐃𝐎𝐒 (JEM).

De no contarse con algún condenado en el lapso de un año estamos ante la certeza de que la organización mafiosa la componen el mismo gobierno.

Con respecto a la reciente renuncia del Dr. Fretes a la presidencia de la Corte la aceptación desnuda la componenda y encubrimiento de los supuestos 8 ministros impolutos retardos de la Corte Suprema.

Estamos en presencia de un descomunal hecho punible y los 8 ministros de la Corte no cumplen la obligación que les impone el Art. 286 del CPP.

Por publicaciones en los periódicos se deduce que los citados 8 ministros restantes, capitaneados por la Dra. María Carolina Llanes Ocampos dan cuenta que consensuaron con el sindicado tratando de darle una salida decorosa. ¡Salida decorosa a un hecho punible como se puede entender eso!