Que la hojarasca electoral no nos ciegue. El verdadero peligro para nosotros -el 90% de los españoles- son los recortes que en 2024 Bruselas lanzará y atará a nuestros cuellos. Recortes que son continuidad -y producto- de unos recortes que jamás se fueron. Durante la pandemia se suspendieron las exigencias de reducción de deuda y déficit. Haberlas mantenido hubiera hundido el mercado europeo e incluso provocado la explosión de la UE.

Ahora, con una Alemania en recesión -que está sufriendo su dependencia energética de Rusia- Berlín retoma el discurso más duro. El ultraliberal ministro de Finanzas germano, Christian Lindner, ha verbalizado la amenaza, planteando que “la crisis del euro demostró que los recortes duros son necesarios cuando se duda de la fiabilidad de las finanzas públicas”.

Ya se han puesto números a lo que van a suponer esos “recortes duros”

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF) -organismo impuesto por Bruselas que pagamos con nuestros impuestos- habla de la necesidad de recortar el gasto público al menos en 6.000 millones anuales. La Comisión Europea eleva la cuenta a 9.300 cada año. Y Alemania exige que la senda de reducción del déficit sea de al menos un 1% del PIB anual, lo que en el caso de España equivaldría a 13.300 millones.

Se empezará por desmantelar toda la batería de medidas -el llamado “escudo social”- que el gobierno está presentando durante la campaña electoral como uno de sus principales logros. La UE exige retirar este año todas las ayudas aprobadas en su momento para hacer frente a los efectos de la pandemia que todavía se mantienen. Y el año que viene suspender las ayudas aprobadas por el gobierno para suavizar los efectos de la inflación.

Ante el endeudamiento, recortes o redistribución de la riqueza

Para “cuadrar las cuentas públicas” nos exigen recortar la inversión en políticas sociales básicas, de las que depende nuestra salud y la educación de nuestros hijos y nietos. En el “Programa de estabilidad 2023-2026” -negociado con Bruselas por el gobierno español- la UE nos impone recortes en sanidad, educación y gastos sociales. En 2026 se invertirá en sanidad más de medio punto menos del PIB que en 2021, y en educación 1,2 puntos menos del PIB que en 2009.

Ciertamente hay que reducir la deuda pública -supera el 100% del PIB- que supone una carga que dispara el saqueo sobre la población -a través del pago de unos intereses que no paran de crecer-, pero el camino para hacerlo es exactamente el contrario al que propone Bruselas.

No se reduce la deuda a través de nuevos recortes sino redistribuyendo la riqueza. Si bancos, monopolios, capital extranjero y grandes fortunas pagan más impuestos, si la banca devuelve el dinero del rescate bancario, si eliminamos las subvenciones públicas entregadas a cambio de nada a eléctricas y multinacionales, entonces aumentarán los ingresos públicos, y podrá rebajarse la montaña de la deuda.

La senda del ajuste, la pesadilla de los recortes

En “La senda del ajuste” -título del editorial de uno de los principales periódicos nacionales- se desvelaba que “la hora de ajustar las cuentas públicas se acerca en la Unión Europea”.

Nos dijeron que “la UE y Alemania habían abandonado el paradigma de los recortes”. Era mentira. Alemania aceptó suspender las reglas que obligaban a draconianos plazos de reducción del déficit porque la paralización impuesta por la pandemia podía poner en peligro el mercado europeo, su principal fuente de ganancias. Si abrió la mano -permitiendo incrementar la deuda- fue sólo para que los gastos de la pandemia se cargarán sobre las cuentas públicas, sin tocar los beneficios de bancos y monopolios.

Ahora, la misma Alemania vuelve a empuñar las tijeras, que nunca había abandonado. A partir de 2024, la UE volverá a imponer las reglas fiscales, obligando a todos los países a rebajar su deuda pública por debajo del 60% del PIB, y a que el déficit anual de las cuentas públicas no supere el 3% del PIB.

Los países que no cumplan estas normas serán sometidos a una estrecha vigilancia por parte de Bruselas, deberán presentar planes para reducir la deuda, podrán recibir la visita de los “hombres de negro” de la UE y ser multados si no cumplen.

Sin embargo y sorprendentemente, estas noticias -sobre medidas que anuncian nuevos recortes- están pasando desapercibidas, y -lo que es más grave- no están recibiendo atención durante la campaña electoral.

¿Y por qué no redistribuir la riqueza?

Las medidas paliativas de estos últimos años para atender las urgentes necesidades de la población más damnificada por la inflación monopolista y el expolio financiero se han hecho a costa del resto del 90% -que pagamos impuestos- y del endeudamiento de todas las administraciones públicas de nuestro país.

No podemos seguir aguantando una deuda pública por encima del 100% del PIB. Supone una sangría y una hipoteca para el futuro del país. Pero no es verdad que la única forma de reducir la deuda sea a través de recortes que atenten contra el bienestar de la mayoría. Se puede limitar la deuda y el déficit a través de una política de redistribución de la riqueza, que disponga de los enormes recursos acaparados por bancos, monopolios y capital extranjero, y así incrementar los ingresos públicos, destinándolos a impulsar un crecimiento independiente que genere riqueza y empleo.

Habrá que exigir durante la campaña electoral -a todos aquellos que se reclaman ser de izquierdas- que se enfrenten al ataque que se avecina. Porque eso es lo que nos jugamos.