En el penúltimo día de Septiembre decayeron todas las esperanzas, si es  que tenía algunas, de Alberto Nuñez Feijóo para llegar a mudarse a Moncloa. El denominado bloque progresista del Congreso volvió a darle calabazas en el examen de reválida de la investidura.  Las liaisons dangereuses con Santiago Abascal y sus mesadas han sido uno de los motivos por los que algunos partidos, como el PNV, que en otras circunstancias a cambio de un dinerillo y alguna transferencia le hubiera prestado los cuatro votos que le faltaban para sentarse en el banco azul del Gobierno, le negase el pan y la sal por boca de su portavoz  Aitor Esteban. Esta sesión de investidura ha servido para constatar la soledad de Feijóo, sólo le queda un socio incondicional, VOX, que cada día va empujándole más y más hacia la extrema derecha de la derecha extrema en la que el PP hace ya tiempo  que está instalado.  Lo único claro, tras las intervenciones de Feijóo y Abascal  en el  Congreso, es que no tendrán ninguna duda en prender fuego, metafóricamente, a las calles y enfangar hasta el infinito el debate público contra un posible Gobierno de progreso. La simple cita de la palabra “amnistía” les produce urticaría.

Hemos perdido dos meses desde que votamos  el 23-J, ya hemos pasado de pantalla en este juego de la investidura. Ahora el rey no ha tenido otro   remedio que nombrar a Pedro Sánchez candidato, pese a que los votos con los que cuenta el líder socialista tampoco le garantizan ser elegido presidente del Gobierno. Tendrá que trabajarse cada voto de los que  le faltan para llegar a los 176 necesarios en primera votación para proclamarse vencedor. Incluso, Sumar, socios del actual Gobierno en funciones, ha sacado las habas de la olla y comienza a poner precio a sus votos. Pero el primer y más importante mal de cabeza  Sánchez lo tiene con los independentistas catalanes que, pese a sus peleas, o eso parece, van subiendo el nivel de exigencias al saberse imprescindibles. No se puede negar la buena voluntad hacia el l diálogo de JUNTS y ERC, con sus votos, a cambio de la presencia del idioma catalán en el Congreso y en el Europarlamento, hicieron Presidenta del Congreso a la socialista Francina Armengol. Pero, naturalmente, la Presidencia del Gobierno es más cara que la del Congreso.

ESQUERRA REPUBLICANA ha estado cuatro años aguantando, vía el antiguo twitter, trolls y perfiles conocidos vertiendo cada día insultos y acusaciones de ser unos “botiflers” y unos “nyordos” al servicio de España, por llevar adelante un diálogo que consiguió un indulto que sacó  de prisión a los presos políticos y a  los líderes de la ANC y Òmnium.  Ahora JUNTS, por boca del expresidente Puigdemont se ha añadido al diálogo y los insultos y las descalificaciones han cambiado de bando y los del “no surrender” incluso hacen campaña contra la posible amnistía.  Seguramente ninguno de ellos se siente afectado por una amnistía que llevaría la tranquilidad a más de 1.400 catalanes amenazados por las instancias judiciales españolas. Hace unos días la lucha por conseguir un escaño más que el otro entre ERC y JUNTS  firmó, eso parece, un armisticio para hacer una petición conjunta a Pedro Sánchez, con la aprobación en el Parlament, también con los votos de la CUP, de  una moción que dice “El Parlamento se pronuncia a favor de que las fuerzas políticas catalanas con representación en las Cortes españolas no apoyen una investidura de un futuro gobierno español que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración  de un referéndum”.

Ante esta nueva petición del independentismo catalán mas de uno se pregunta si será posible un acuerdo, porque está claro que la amnistía no será suficiente para hacer presidente Sánchez, que tendrá que ofrecer más cosas, como una transferencia total de Cercanías la "oveja negra' de RENFE,  y una mejor financiación, el año 2.022 volaron desde Catalunya a Madrid 22.000 millones de euros que nunca volvieron. Las condiciones de ERC i JUNTS son totalmente asumibles, solo se necesita voluntad política para hacerlo. La amnistía no está prohibida por la Constitución, también, con voluntad,  es posible acabar con el déficit fiscal, los catalanes comienzan a estar hartos de ser los "pagafantas" del Estado mientras ven como ese Estado no llega a ejecutar en Catalunya  ni el 50% de los proyectos aprobados. Y lo que pide la moción aprobada por el Parlament es asumible por tratarse de una declaración de intenciones. Todo es posible si hay voluntad política de diálogo. Pero estoy seguro que durante años se han sembrado por toda España  resquemores contra Catalunya que ahora intentaran poner palos a las ruedas del diálogo,  como también  anuncian que lo haran la derecha extrema y la extrema derecha fascista,  junto con algunos miembros de la judicatura que todavia parecen estar llorando la muerte de su admirado Caudillo.