Desde la primera campaña electoral del Partido Socialista Obrero Español, la lucha contra la prostitución estaba sobre la mesa. Sin embargo, no fue hasta el pasado martes 19 de marzo, durante su segunda legislatura, cuando el PSOE presentó su reforma de ley para abolir esta profesión. Una ley que pretende añadir nuevos puntos al Código Penal para endurecer la persecución no solo de prácticas ilegales y amorales como la trata de blancas, sino también a quienes trabajan voluntariamente en el campo sexual. Un problema grave que en StopAbolición no han querido pasar por alto: veamos cuáles son sus argumentos y en qué consiste esta iniciativa.

Una propuesta de ley polémica y con incoherencias

Desde que se conoció la intención del PSOE de presentar esta propuesta de ley, la Plataforma StopAbolición alzó la voz para defender los derechos de todas las trabajadoras sexuales. Un colectivo que va a salir enormemente damnificado tras todas las iniciativas planteadas por el Gobierno y en especial la ministra de igualdad Ana Redondo. Y es que las reformas del Código Penal siguen la estela de países como Francia, donde la ola de violencia se ha disparado preocupantemente sobre este sector.

El primer elemento que se va a incluir en el artículo 187 del Código Penal es la ampliación del concepto de proxenetismo. Asimismo, se castigará a todas las personas que se lucren de la prostitución de manera sistemática. Ahora bien, el punto que ha despertado todas las alarmas reside en la nueva pena a la tercería locativa. Es decir, a los hostales o inmuebles en los que las trabajadoras sociales ejerzan su trabajo. Esto, inequívocamente, llevará a dichas profesionales a abandonar entornos seguros para continuar ganándose la vida. Algo que StopAbolición no ha querido pasar por alto.

Esta reforma parece seguir esa estela que el feminismo punitivo ha puesto de moda, aunque renunciando a las multas a los clientes para enfocarse exclusivamente en las trabajadoras sexuales. Desde StopAbolición se preguntan cómo se pretende proteger al colectivo si la iniciativa de la ministra Redondo es cerrar sus espacios de trabajo. La plataforma considera esta ley como un auténtico acto de hostilidad que agrava el estigma social de dicha profesión. Una reforma retrógrada que niega la mayor, ignorando por completo la realidad de las muchas mujeres que se dedican voluntariamente a esta labor.

Los argumentos de StopAbolición en contra de la nueva ley

StopAbolición no ha puesto el grito en el cielo por capricho. A diferencia de lo que se desprende desde el Gobierno, esta iniciativa sí se ha esforzado por seguir de cerca todos los datos y estudios que hay en torno a la prostitución. El primer argumento de la plataforma parte de una falsedad por parte de los responsables de la ley. No es cierto que el 90% de las trabajadoras sexuales ejercen su posición por presiones o una situación de extrema necesidad, tal y como corroboran los reconocidos investigadores Carmen Meneses y José López Riopedre. De hecho, esta cifra no llegaría ni al 1%; pero desde el PSOE se niega a publicar la fuente de sus datos.

La plataforma StopAbolición también toma de referencia las cifras publicadas por el Consejo del Poder Judicial. La primera de ellas: en 2020, 2021 y 2022 no se cerró ningún local por trata de blancas. La segunda: en 2022 tan solo hubo 40 personas condenadas por este delito, muy lejos de la imagen sobre la prostitución que se trata de lanzar desde el Estado. Es más, hay ONG’s que intentan por activa y por pasiva evidenciar un problema residual; tanto es así que en 2022 solo una denuncia salió de estas organizaciones. ¿Dónde está la gran crisis de la que se habla?

Lo que sí es evidente es que en países como Francia, donde el abolicionismo tuvo luz verde, el trabajo sexual ha pasado a considerarse de riesgo. Mientras que en otros como Holanda, estas profesionales cuentan con una gran protección, cotizan y, en definitiva, desarrollan su actividad con el amparo de todo un país. El PSOE está ignorando el bienestar de una gran cantidad de mujeres y StopAbolición se ha convertido en el altavoz con el que evidenciar todas las incoherencias de la nueva reforma.