En plena crisis económica más o menos general, asistimos, desde hace dos años, a la versión española de la misma, al estallido de la “burbuja inmobiliaria”. En palabras de muchos empresarios ligados a la construcción directamente o de sus industrias auxiliares, y, faltaría más, de bastantes alcaldes de uno y otro color político, oímos o leemos en los medios: “...es que en dos años no se mueve una grúa en mi municipio”, dijo, por ejemplo, Avelino Menéndez, alcalde del PP de Salobreña.
Durante los pujantes años del “ladrillo a gogó”, observábamos cómo se iban macizando las plataformas o glacis de erosión que rodean la Vega y ciudad de Granada. O en pleno centro de la misma, el ilegal y mamotrético Edificio Nevada. Seguimos, bajamos por el Valle de Lecrín y más de lo mismo, hasta la Costa Tropical y allí nos podemos quedar pasmados ante la tremenda proliferación de adosados, chalets, los menos, apartamentos y “torres” por doquier. Visiten pueblos como Salobreña y, sobre todo, Almuñécar y sus anejos, Taramay, Velilla, el propio casco de la fenicia Sexi, y la Herradura, playa del Muerto, Marina del Este y se percatarán bien de lo que les cuento. No se pierdan Motril y todo lo ligado al Golf y Playa Granada, bien que aquí, con algo más de espacios abiertos. Vayan hacia Torrenueva, Calahonda, Castell de Ferro etc. y lleguen al límite con Almería. Comprobarán más y más, a parte de una autovía nueva rota y una inmensa maraña de plásticos que todo lo van invadiendo.
¿Cuántos terrenos no habrán sido recalificados y cuantos euros no habrán ingresado los ayuntamientos, algunos políticos y propietarios, constructores o promotores, en negro negrísimo? Poco a poco los casos más flagrantes han ido llegando a los tribunales y ¿para qué? ¿A caso se acatan las sentencias y se reponen de la mejor forma los atentados urbanísticos ejecutados? No. ¿Devuelven el dinero sisado al erario público? No. Ante esto, ¿es España un “estado social y democrático de derecho” como consagra nuestra vigente Constitución? Yo creo que no.
En Salobreña, o en Granada, terrenos cedidos por inmobiliarias para uso público, los recalifica el pleno municipal para uso terciario de servicios, o docente y se construyen centros en lugares inapropiados, ya hablaré de algún caso otro día. Mien tras tanto, los propietarios a callarse. El Edificio Nevada, ilegalidad y atentado ecológico y natural horrible, quieren que siga para adelante con una timorata sentencia por todos recurrida, como es lógico. Los políticos implicados se van de rositas. Argumento: que hay mucho paro y gente inocente pillada...Se debería demoler y restaurar el suelo, y si no fuera posible, dedicarlo a fines lúdicos, culturales o deportivos pero “no lucrativos”. Es mi opinión. Leíamos en la prensa local (GRANADA HOY del 16 de enero pasado) que en Monachil (Pradollano) “El juzgado ordena el precinto del edificio Marisol al no poder derribarlo”. El magistrado ordenó la demolición y al verse afectados “terceros adquirentes” lo precinta, pues muy bien. Sin Estado de derecho no nos queda nada. Desterremos lo de “SEGUIMOS Y NO PASA NADA, YA LO LEGALIZARÁN”. Recuerden el Hiper cerrado en tiempos del ínclito Jara Andreu, el Rey Chico, La Chumbera etc.
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