El reciente asesinato de un inocente sordomudo por las fuerzas policiales del ministro Carlos Filizzola, que revivieron en la memoria de los paraguayos tiempos que se creían superados, fue apenas el punto culminante de una larga seguidilla de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del gobierno arzobispal de Fernando Lugo.
Lo anunciaban sus pactos con la Colombia de Alvaro Uribe apenas asumir, catalizados por la embajada norteamericana, tras perpetrar la mayor estafa política de América Latina.
Pronto se hizo notorio que Lugo había decidido deshacerse de sus molestos ex aliados de la izquierda radical, y había firmado la sentencia de muerte de varios de sus viejos conocidos, entre ellos Severiano Martínez, Gabriel Zárate y Nimio Cardozo. Como no podía ser de otra manera, se mantuvo la proscripción a referentes de la izquierda como Juan Arrom o Anuncio Martí, exiliados en Brasil, y se consolidó el aparato represivo montado con los aportes de USAID.
En tanto Lugo ha maniobrado exitosamente en los juicios por paternidad irresponsable debido a la gran cantidad de hijos no reconocidos que se le fueron descubriendo, no ha movido un dedo por ayudar a dirigentes campesinos encarcelados sin las más mínimas garantías constitucionales. En ese sentido, Agustín Acosta, Roque Rodríguez, Basíliano Cardozo, Arístides Vera, Gustavo Lezcano y Simeón Bordón, consignaron en un comunicado que “Hoy llegamos a cinco años y once meses de prisión como así también al mes de haberse iniciado el juicio oral sin que a la fecha la fiscalía presente pruebas que demuestren nuestra participación en el hecho del que estamos acusados. Ante un tribunal recusado por nuestra defensa, que en forma arbitraria decidió seguir el juicio oral, porque obra una recusación ante la corte suprema de justicia sin resolución hasta la fecha. Denunciamos una vez más que en Paraguay no existe estado de derecho, reclamos justicia. Recurrimos por este medio a las organizaciones de todas partes, a difundir nuestra palabra para se conozca la injusticia que estamos sufriendo hace casi seis años”.
Gremial de Abogados
La falta de garantías en Paraguay también es denunciada por la gremial de abogados de Buenos Aires, que se hizo presente los días 5 y 9 de marzo en Asunción, capital de Paraguay, “como observadores de lo que debió ser el inicio del Juicio a los seis campesinos paraguayos pertenecientes a las organizaciones Partido Patria Libre y Movimiento Agrario Popular que fueran expulsados en 2008 de nuestro País por orden del Gobierno Argentino”.-
La gremial observa que “Una vez más el Debate Oral fue suspendido, pero en este caso debido a que las tres defensas de los (ahora) siete imputados recusaron al Tribunal de Juicio.-
La causa de tal recusación fue la actitud abiertamente parcializada y arbitraria del Tribunal, que pinta la verdadera cara de la Justicia paraguaya.”
Este mismo Tribunal había dictaminado –entre otras aberraciones– que los seis campesinos “no habían estado detenidos en Argentina, sino alojados en hoteles y pensiones” pese a lo que consta en el respectivo expediente y a que nuestra Asociación envió los correspondientes comprobantes certificados por la Justicia Federal Argentina que dan cuenta de los años que permanecieron en prisión detenidos por el Gobierno Argentino.-
Ahora, al inicio del Debate, e interpuestos incidentes, excepciones y nulidades por parte de las Defensas, el Tribunal les impide la presentación de las pruebas que los sostienen.- Se trata de incidentes, basados en arbitrariedades y desconocimiento de las garantías procesales, que –de prosperar al permitirse probarlos– pueden incluso hacer posible la anulación del Juicio y la consecuente libertad de los compañeros.-
En otros incidentes de la Defensa se oponen, por ejemplo, a que la Acusación introduzca determinados elementos de "prueba", el más aberrante y flagrante es el que -dicen- surge de la computadora personal secuestrada al comandante de las FARC Raúl Reyes que supuestamente ligaría a esta organización con Patria Libre y, no se sabe cómo, incriminaría a nuestros defendidos.- La Asociación conoce las leyes y la Constitución paraguayas –como otras legislaciones extranjeras porque ha defendido a cuanto luchador internacional ha sido detenido en la Argentina–, y por ello pudo verificar que la actitud de los Tribunales paraguayos viola flagrantemente las disposiciones del Código Procesal Penal de Paraguay (que tampoco es tan diferente al argentino) que obligan en este caso a abrir los incidentes a prueba.
De manera que el impedimento de prueba al Defensor incidentista de los compañeros es obligarlo a luchar con las manos atadas. La gremial también consigna que “Para que se tenga una idea del marco en que se desarrolla el Debate: los miembros del Tribunal están flanqueados por fuerzas especiales que portan fusiles automáticos de asalto”.- “Nuestro compañero de la Gremial de Abogados fotografió esta circunstancia y el Tribunal lo obligó, mediante la intimación de hombres armados a borrar la imagen de la cámara que la captó”.-
Denuncia además que “Antes de su ingreso nuestro compañero fue interceptado, interrogado, sacado de los Estrados de Tribunales y conducido a una oficina policial desde donde se pidieron sus datos a INTERPOL Paraguay”.-
Los defensores pertenecientes a la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) son permanentemente acusados a viva voz por la Fiscalía y la querella (la mujer del ex Presidente Paraguayo Raúl Cubas) de ser “cómplices del terrorismo”.-
“El abogado a cargo de la Querella declaró ante la Prensa que nuestro enviado es “parte de los Derechos Humanos y de las Madres de Plaza de Mayo”, como si ello fuera una acusación” dice también la denuncia.
También reconocen que “Argentina es responsable de la actual detención de los seis dirigentes campesinos, como lo fue del genocidio cometido contra Paraguay en el siglo XIX. No estaremos otros cien años escamoteando esta situación”.
Es evidente que la llegada al poder de Lugo, quien manipula la justicia en los temas que son de su interés pero respeta su “independencia” cuando le son indiferentes, no cambió absolutamente nada en las instituciones paraguayas. Según la gremial, “Estos seis compañeros fueron injustamente detenidos por la Argentina porque se les mintió, porque se les dijo que vinieran porque aquí “se respetan los derechos humanos”.
“Estos compañeros vinieron a la Argentina sin estar en situación de rebeldía y sin pedidos de captura, se presentaron ante nuestro Gobierno pidiendo asilo y explicando su carácter de perseguidos políticos, se les iniciaron los trámites de rigor y se les dijo que retornaran en una fecha determinada y cuando volvieron fueron detenidos, sometidos a proceso y finalmente extraditados, expulsados a una Justicia fascista y aristocrática cuyo enemigo principal son los pobres” dice también el comunicado firmado en Buenos Aires.
La indiferencia de Lugo y de los “compañeros” del Frente Guasu ante estos temas de primerísima importancia, sumado a su conducta claudicante ante los medios hegemónicos y los voceros del capital, explica en gran parte los roces entre los gobiernos de Argentina y Paraguay.
Y la falta de entusiasmo con la cual la nueva izquierda acoge al adefesio político autodenominado “Frente Guasu”, conglomerado de ONG derechistas financiadas por USAID y encubiertas por el National Endowment for Democracy, herederos ideológicos de la estafa política más grande América Latina.
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