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El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha solicitado mediante un escrito al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que se revoquen los acuerdos suscritos con Turquía sobre devolución de personas refugiadas, ya que en las "actuales circunstancias" no puede considerarse de ninguna manera un país seguro, según informa la institución. Además, ha expresado su preocupación por la purga "sistemática y arbitraria" contra jueces, fiscales, médicos, periodistas, profesores y abogados que está llevando a cabo el Gobierno turco, tras el intento fallido de golpe de Estado. Por ello, la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha dirigido una carta para que los refugiados trasladados a Turquía sean reubicados en países donde se respeten sus derechos. El acuerdo de la UE se aprobó gracias a que la Unión calificó a Turquía como "tercer país seguro", a pesar de la discrepancia de agencias y entidades especializadas y la firme oposición de las organizaciones humanitarias, como ha detallado el consejo. Además, la institución ha criticado la destitución de 2.800 magistrados de Turquía, alrededor de una cuarta parte del personal de la Magistratura, que supone "la paralización de los tribunales y un ataque directo a la independencia del Poder Judicial, pilar básico del Estado de Derecho y garante de la protección de los derechos humanos de todas las personas". Por estas razones, la Abogacía Española ha exigido que se suspendan o revoquen definitivamente los acuerdos de la UE con Turquía, para los que se creó un fondo de 3.000 millones de euros de los cuales España aportó 152 millones.
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