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La propuesta del PP andaluz para las conclusiones de la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía en torno a las irregularidades y desvíos detectados en las subvenciones autonómicas para la formación profesional para el empleo, atribuye "responsabilidad política" a 33 cargos o ex altos cargos de la Junta, destacando la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, sus antececesores en el cargo José Antonio Griñán y Manuel Chaves, los consejeros María Jesús Montero y José Sánchez Maldonado, y los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández, Antonio Ávila, Manuel Recio y Luciano Alonso.
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