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Hacienda mantiene el objetivo de déficit de las CCAA en el 0,3% en 2018 y estabilidad presupuestaria en 2019 | |||
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El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) --que reúne al Gobierno y a las comunidades autónomas-- ha acordado este jueves mantener el objetivo de déficit autonómico del 0,3% para 2018 y registrar estabilidad presupuestaria (déficit cero) a partir de 2019, tal y como estaba previsto, según informaron a Europa Press fuentes de Ministerio de Hacienda. El CPFF, presidido por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y el titular de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el trienio 2018-2020. En concreto, Hacienda ha acordado con las CCAA mantener el objetivo de déficit autonómico del 0,3% para 2018, la misma cifra que en el último CPFF del pasado 22 de diciembre, y estabilidad presupuestaria (déficit cero) para 2019 y 2020, con lo que se mantienen las metas recogidas en el Programa de Estabilidad remitido por el Ejecutivo a Bruselas a finales de abril. La reunión del CPFF ha tenido lugar después de la del pasado lunes de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL), en la que se acordó que las entidades locales seguirán con el objetivo del equilibrio presupuestario después de cinco ejercicios consecutivos de superávit, mientras que su objetivo de deuda pública será el 2,7% del PIB en 2018, el 2,6% en 2019 y el 2,5% en 2020. El CPFF también ha aprobado la Memoria de Actuaciones del Consejo de Política Fiscal y Financiera del año 2016 y la información del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y de la regla de gasto de las CCAA en el ejercicio de 2016. Además, el consejo ha visto el informe sobre el proyecto de real decreto por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas, modificando así el Real Decreto 635/2014 de 25 de julio.
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