La Guardia Civil acredita ante la Audiencia Nacional el incumplimiento de los Mossos de cerrar los colegios

Atribuye su "inacción flagrante" a un plan premeditado elaborado por Trapero, Puigdemont, Junqueras y los presidentes de ANC y Ómnium

El atestado que elaboró la Guardia Civil sobre los hechos ocurridos en Cataluña el pasado 1 de octubre durante el referéndum independentista y entregado a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acredita que los Mossos d'Esquadra incumplieron la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de clausurar los centros de votación y por eso tuvieron que intervenir la Policía Nacional y la Benemérita.

"Se tiene conocimiento de que las instrucciones de coordinación que se establecieron, se decidió que serían los Mossos d'Esquadra los que por tener la competencia de seguridad ciudadana, deberían clausurar los centros de votación previstos antes de que se iniciase la votación aludiendo al principio de oportunidad", explica el informe, al que ha tenido acceso Europa Press.

Sin embargo, el Instituto Armado afirma que, "ante el incumplimiento de los Mossos de la orden dada por el TSJC, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado --Policía Nacional y Guardia Civil-- tuvieron que actuar sobre los puntos de votación para dar cumplimiento a la orden del tribunal".

HUBO MOSSOS QUE LLEVARON URNAS A LOS COLEGIOS
Según el atestado, de los vídeos e imágenes que ha analizado la Guardia Civil obtenidos de medios de comunicación o de "video aficionados" se concluye que los mossos tuvieron una actitud el 1 de octubre "totalmente contraria a las órdenes" del TSJC, ya que "se puede ver cómo llevan ellos mismos en los vehículos policiales las urnas o incluso una pareja de mossos accede al interior de un punto de votación sin intervenir las urnas ni impedir la misma".

Por ello, el Instituto Armado deduce en su informe que "no existía ninguna voluntad de cumplir con la orden" de la magistrada del TSJC y que, "siendo tan generalizada la actuación, debían existir órdenes que obligaran a los Mossos a no intervenir", unas "instrucciones o pautas de actuación derivadas de la cadena de mando y que encontrarían su último eslabón en el mayor Josep Lluis Trapero".

"Esa inacción flagrante de los Mossos no es arbitraria, sino que corresponde al papel que ese cuerpo policial juega en la estrategia hacia la independencia como brazo ejecutor de las tareas que le encomienda el comité estratégico", resalta el atestado en sus conclusiones.

Según añade, en las actuaciones llevadas a cabo por Policía Nacional y Guardia Civil el día 1 "se puso claramente de manifiesto que la labor de los Mossos pasaba por no actuar y, en todo caso, llegar a obstaculizar la actuación de aquellas otras policías", lo que responde, a su juicio, a un "plan premeditado para evitar actuar y no podía más que proceder de la cúpula de los Mossos, comandada por Trapero y en conexión directa con los miembros del comité estratégico", es decir, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los presidentes de ANC y Ómnium.

ANC Y ÓMNIUM ALENTABAN A LA "MASA"
La Guardia Civil también analiza en su informe la actuación de éstos dos últimos organismos, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural, cuyos presidentes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, han sido imputados por la juez Lamela en la causa abierta en la Audiencia Nacional por sedición.

El atestado acredita la "voluntad de organización y movilización" de las protestas que tuvieron lugar el día 20 de septiembre, con ocasión de los registros en varias sedes de la Generalitat, a cargo de ANC y Ómnium y también de sus presidentes "con el objeto de impedir el cumplimiento de los distintos tribunales".

El informe recuerda que, tal y como se ha podido ver en imágenes grabadas por los medios de comunicación, Sánchez y Cuixart participaron en dichas movilizaciones, dirigiéndose a los manifestantes y "alentando a la masa", así como llamando a concentrarse frente a la sede del TSJC e instando a la gente a acampar esa noche allí.

La Guardia Civil acredita en el atestado la movilización que venían haciendo ANC y Ómnium en internet desde el 28 de agosto, tanto en una página web como a través de un grupo de Whatsapp, todo ello "invitando a la movilización, participación en el referéndum, ocupación de vías públicas, pegada de carteles, etc". Además, el mismo 20 de septiembre se recibieron alertas a través de esos medios señalando que la Guardia Civil estaba realizando registros en edificios oficiales de la Generalitat.

Por todo ello, el Instituto Armado concluye que tanto ANC como Ómnium y sus presidentes convocaron a través de sus cuentas en Twitter a manifestantes a la sede de la Secretaría General de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat "desde primeras horas de la mañana del día 20".

"Los mensajes con este fin se sucedieron durante horas, incluso una vez que estos organismos y sus representantes eran conscientes de que estaban entorpeciendo el cumplimiento de un mandato judicial. Mediante esa red social se informó también la llegada de avituallamiento para los allí congregados, influyendo de forma decisiva en la permanencia en el tiempo de la concentración", explica el informe.

POSIBLES DIRECTRICES AL MAYOR DE LOS MOSSOS
"No debe sorprender esa capacidad de tomar decisiones y de negociar hasta el punto ya no sólo de mantener contacto con el mayor de los Mossos, sino de posiblemente impartirle directrices e instrucciones de cómo se debía actuar", subraya.

La Guardia Civil no aprecia en los mensajes analizados que fueron enviados por Twitter ninguno "en el que se pida que no se violenten los vehículos oficiales ni que se facilitase la salida de la comisión judicial", razón por la cual los agentes no pudieron salir del edificio hasta las siete de la mañana del día siguiente.

En lo que respecta al comportamiento de ANC y Ómnium el 1 de octubre, el atestado acredita que tanto las dos organizaciones como sus presidentes utilizaron la misma red social "como medio para convocar a la población a mantener los lugares marcados como colegios electorales abiertos en los días previos" y animar el día del referéndum a "presentar resistencia a las actuaciones policiales".

"Los mensajes con este fin se sucedieron durante días con pleno conocimiento de que contravenían lo ordenado por los tribunales. La continuidad en el tiempo de estas llamadas, unida al poder de convocatoria de estos organismos, tuvo un papel decisivo en el mantenimiento de la resistencia", explica el informe.

Y aunque la Guardia Civil reconoce que se llamaba a una "resistencia pacífica", ésta "dificultó, cuando no impidió, la actuación de los cuerpos policiales", lo cual "puso en peligro tanto la integridad de los congregados como la de los miembros de los cuerpos policiales, tal y como quedó demostrado con los hechos acaecidos en los diferentes puntos de votación".

La Benemérita también relata en su informe la actitud de Jordi Cuixart y el tercer teniente de alcalde de Badalona, José Antonio Téllez, el 25 de septiembre, después de que la Guardia Urbana se incautara de carteles en apoyo del referéndum. Cuixart y Téllez "sustrajeron del interior del vehículo oficial todo el material intervenido, impidiendo las personas allí congregadas que los agentes pudieran recuperarlo".