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MADRID, (OTR/PRESS) El Gobierno está pensando qué puede hacer para que los estudiantes catalanes estudien en español al menos un 25 por ciento de las asignaturas. Quiere, pero no sabe cómo hacerlo y es consciente de que si se forma un Gobierno secesionista en Cataluña, será imposible aplicar esa medida. Y aunque sabe que cuenta con la oposición radical de los nacionalistas, tampoco tiene el apoyo de los socialistas catalanes, temerosos de que les apunten definitivamente al "bando españolista" como si ese no fuera su hábitat natural desde que el socialismo es socialismo. Es el problema de no saber quiénes son ni cuáles son sus principios. Hasta ahora, los estudiantes catalanes, españoles mientras no se demuestre lo contrario, tienen como lengua vehicular única el catalán y solo estudian en español dos o tres horas semanales, según los niveles, lo que significa de hecho que no tienen enseñanza en español y que difícilmente lo dominarán cuando terminen sus estudios. La Universidad se imparte exclusivamente en catalán y los ciudadanos tienen cada vez más dificultades para que la Administración pública les atienda en esta lengua. El idioma es una barrera para acceder a la mayoría de los empleos públicos, aunque el español siga siendo la lengua de la calle y la que usa más del 50 por ciento de la población. En Baleares, el Gobierno autonómico quiere impedir el acceso a los empleos en la sanidad pública a los médicos que no hablen catalán. La razón debe estar en que los que hablan catalán saben más medicina. En Galicia convive un sistema mixto, aunque a Núñez Feijoó le ha costado imponerlo, y las presiones continúan. En la Comunidad Valenciana, el tripartito que gobierna avanza en la catalanización y en el País Vasco, aunque hay libertad de elección de modelo, un 66 por ciento de los estudiantes cursa todas las asignaturas en euskera, lo que marca un futuro en el que el español esté cerca de ser una lengua "muerta" y enterrada. Un reciente estudio de la profesora Mercé Vilarrubias señala que "la inmersión solo existe en Cataluña... y en Groenlandia" y que las razones no son lingüísticas. Está claro. Que el español, que es el idioma de todos y no solo de los españoles, esté amenazado en España, sin que la convivencia entre lenguas sea armónica, razonable y posible, señala que el idioma se está utilizando por algunos como un arma de destrucción activa, un negocio político y social. Y que, hasta ahora, los distintos Gobiernos de España han mirado conscientemente para otro lado. Y que no hay muchas garantías de que no vayan a seguir haciéndolo. No es solo la enseñanza. Es también el derecho a rotular tu negocio en español, a recibir comunicaciones públicas en tu lengua, a no ser discriminado laboralmente en la Administración autonómica, a recibir subvenciones o ayudas a las políticas culturales, que en la mayor parte de esas autonomías están restringidas exclusivamente a los que utilizan las lenguas vernáculas. Tener que defender el español en España parece un chiste. Renunciar a la inmensa riqueza de la lengua de todos, la segunda más hablada en el mundo, es un disparate. Dejar que ese ataque avance es una dejación política de la que los políticos son responsables.
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