El Gobierno de España ha reconocido la amnistía general decretada este miércoles por el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, pero ha instado a abrir una investigación "pública y urgente" sobre la muerte de dos opositores políticos en este año. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha lamentado "profundamente" el fallecimiento del militante del partido Ciudadanos por la Innovación Juan Obama Edú en la cárcel de Evinayong, donde permanecía encarcelado desde principios de este año, sin recibir el adecuado seguimiento médico. Ha recordado además la muerte el pasado enero del también militante del partido Santiago Ebee Ela cuando se encontraba bajo custodia de las Fuerzas de Seguridad en la Comisaría Central de Policía de Malabo, y cuyas circunstancias siguen aún sin esclarecer. Exteriores ha advertido al Gobierno de Guinea Ecuatorial de que "es responsable de la salud y seguridad de las personas bajo su custodia" y, siendo los hechos "de especial gravedad", ha solicitado "la apertura de una investigación pública y urgente sobre las causas que han rodeado ambos fallecimientos". También ha recordado que desde el encarcelamiento de los militantes de este partido, España ha venido solicitando a las autoridades de la República de Guinea Ecuatorial que les dispensasen un trato acorde con los instrumentos humanitarios en la materia y, en particular, la posibilidad de recibir asistencia médica y de tener acceso a sus familias. Con todo, ha subrayado que ni Edú ni Ebee Ela "podrán ya beneficiarse de la amnistía general" decretada por Obiang, una decisión que ha calificado como "un paso importante que puede favorecer la reconciliación nacional y que España celebra y aplaude". Además, ha deseado "la pronta materialización" de la amnistía "en la liberación del resto de prisioneros políticos que siguen en prisiones de Guinea Ecuatorial". El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, firmó un decreto por el que el Gobierno establecía una "amnistía total" para todas las personas condenadas o procesadas "por delitos políticos en el ejercicio de sus actividades". Esta decisión se enmarca en la convocatoria de la VI Mesa de Diálogo Político Nacional entre el Gobierno y los Partidos Políticos. España ha animado a una participación en la Mesa "guiada por la buena fe" y en la que todos los actores políticos, "sin excepciones, tengan cabida".
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