La FARC solicita una visita de la CIDH tras el asesinato de casi 200 exguerrilleros

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), heredero de la guerrilla desmovilizada de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia, ha anunciado que pedirá una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con el asesinato de 197 exguerrilleros desde el alto el fuego que dio paso al acuerdo de paz de 2017 en lo que describen como un "exterminio sistemático".

"Hemos decidido acudir al Sistema Interamericano y también ante Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Solicitaremos la intervención de la Comisión Interamericana y una visita in loco (visita de campo) al país para constatar que está ocurriendo un exterminio sistemático contra excombatientes", ha explicado el abogado de la FARC Diego Martínez.

Según la propia FARC, de los 197 asesinatos, 117 ocurrieron durante el mandato del actual presidente, Iván Duque. Incluso después de que comenzaron los toques de queda y el aislamiento por la pandemia de coronavirus, los asesinatos continuaron: Han ocurrido cinco desde el 21 de marzo.

El ultimo de ellos fue perpetrado entre el jueves y el viernes, cuando apareció el cadáver del exguerrillero Wilmer Daniel Marín Alarcón en Bello, Antioquia. El cuerpo apareció envuelto en un colchón que los asesinos intentaron quemar.

Además, la FARC denuncia cuatro desapariciones forzadas y 39 atentados con tentativa de homicidio, en muchos casos en territorios donde se aplican los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). "No es aceptable que en este tipo de territorios, altamente copados por la Fuerza Pública, las estructuras criminales organizadas, en lugar de desarticularse, han venido creciendo", ha denunciado el abogado y activista de Derechos Humanos Camilo Fagua.

Uno de los casos más graves es el de Ituango, Antioquia, donde doce excombatientes ligados al Espacio Territorial en el corregimiento Santa Lucía han sido asesinados. Además, se ha convertido en un poblado fantasma, pues más de 100 personas han huido ante las amenazas. En la zona hay al menos seis estructuras ilegales.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) del Gobierno colombiano también investiga estas muertes y el pasado 29 de abril anunció que estudia implantar medidas cautelares colectivas de protección.

La Fiscalía ha informado a la FARC de 228 casos que incluyen amenazas y atentados, lo que para Fagua es una cifra menor de los delitos reales. De estos, 103 están en etapa de investigación y en 26 hay sentencia judicial, por lo que asegura que hay una impunidad del 89 por ciento.

Para la Fiscalía, el esclarecimiento supera el 50 por ciento, cifra que incluye los casos en los que hay un presunto autor. "A quienes les corresponde determinar la responsabilidad es a los jueces mediante sentencia", cuestiona Fagua. Por eso no están de acuerdo con esa cifra.