El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha manifestado su "sorpresa y honda preocupación" por las medidas planteadas en el 'Plan respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19', elaborado por el Ministerio de Sanidad y que previsiblemente aprobará este jueves el plenario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

En concreto, el IDIS ha evidenciado su preocupación por las medidas relacionadas con la financiación del sistema y la "mejora de la eficiencia económica en salud", expresamente sobre las mutualidades y la desgravación fiscal, así como sobre el gasto en medicamentos.

Y es que, a su juicio, la reconstrucción del sistema sanitario pasa por una necesaria confluencia de esfuerzos y el sector sanitario privado, del que forman parte 8,7 millones de asegurados (sin incluir los mutualistas), contribuye a la descarga y el ahorro del sistema público global, lo que implica un ahorro de al menos 564 euros por asegurado al año, que suponen un ahorro mínimo de 4.949 millones de euros para el sistema público.

De hecho, ha avisado de que solo esta colaboración para el sistema obliga a tener en cuenta a un sector que lleva a cabo el 30,5 por ciento de las intervenciones quirúrgicas, registra el 23,5 por ciento de las altas y atiende el 24,5 por ciento de las urgencias en nuestro país.

Además, el IDIS ha asegurado que el mutualismo administrativo "favorece el equilibrio" entre el sistema público y el privado, al tiempo que facilita la asistencia sanitaria de la población. "De hecho, en 2019 el régimen de mutualismo administrativo ascendió a aproximadamente 1,8 millones de personas", ha dicho.

Esta opción es, tal y como ha señalado, elegida de forma libre por el 84 por ciento de los funcionarios y, en términos económicos, es un modelo que aporta eficiencia, ya que el gasto per cápita de la población cubierta es "sustancialmente inferior" al gasto sanitario público per cápita. "Se estima que la prima media de MUFACE se sitúa en 2019 en 864 euros anuales por asegurado, mientras que el gasto sanitario público per cápita de ese mismo año es de 1.291 euros (no incluye gasto farmacéutico ni el gasto destinado a mutualidades), lo que supone un ahorro de 427 euros por cada mutualista", ha añadido.

Dicho esto, la organización ha señalado que las medidas como la desgravación fiscal sanitaria descargan de presión asistencial y financiera al sistema público de salud. "La contratación voluntaria de un seguro privado de salud genera ahorros evidentes al Estado, como se ha indicado, facilita la accesibilidad de la población al sistema y favorece notablemente el empleo y las inversiones", ha apostillado.

Del mismo modo, el IDIS ha aseverado que sanidad privada es un sector "clave", impulsor de la economía (contribuye con el 2,6% del PIB), es motor de innovación (los centros privados participan en 1.431 ensayos clínicos, lo que supone el 43,32 por ciento de los contenidos en el informe BEST) y empleo estable de calidad (cuenta con 269.515 profesionales cualificados).

Además, prosigue, el sector cuenta con 458 hospitales (57% del total de centros hospitalarios de España) y una dotación de 51.212 camas, que suponen el 32 por ciento del total de las existentes. Gracias a ello registra el 23,5 por ciento de los ingresos, el 19,7 por ciento de las consultas y el 17,5 por ciento de las estancias.

En relación con las medidas sobre el gasto en medicamentos planteadas por el documento, el IDIS ha dicho que el esfuerzo presupuestario en medicamentos es una "auténtica inversión" en salud y no un gasto. "También es imprescindible poner sobre la mesa la ingente aportación de la industria farmacéutica para potenciar el tejido industrial y la inversión en investigación, desarrollo e innovación (España es tras Estados Unidos el país donde más ensayos clínicos se realizan), y su aportación va más allá de lo estrictamente sanitario, ya que genera un gran impacto también en el ámbito económico y social que es necesario tener muy en cuenta", ha enfatizado.

Por todo ello, la organización ha hecho un llamamiento al Ministerio de Sanidad sobre este plan de acción y a la mesa del Congreso de los Diputados, para que la reconstrucción del sistema tenga en cuenta a todos los agentes implicados, considere el papel del sector privado, y evite acabar con fórmulas y modelos que generan "eficiencia contrastada" para el sistema y satisfacción para los usuarios.