La Justicia de Perú suspende la audiencia contra Fujimori por esterilizaciones forzosas por falta de intérpretes

La Justicia de Perú ha suspendido la audiencia prevista para este lunes contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y varios de sus exiministros de Salud por el caso de las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres indígenas llevadas a cabo durante su Administración por la falta de intérpretes que hablasen variantes del quechua.

En la audiencia, estaba previsto que la Fiscalía presentara cargos contra Fujimori y altos cargos de su Gobierno y, aunque finalmente se ha suspendido, el exmandatario no había acudido a la citación ya que, según ha informado su defensa, se encuentra bajo supervisión médica debido a un déficit de oxígeno.

Además de contra Fujimori, se iban a presentar cargos contra los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, denunciados como coautores de los delitos en contexto de graves violaciones a los Derechos Humanos.

Asimismo, habrá cargos contra otra serie de funcionarios, son los casos de Segundo Henry Aliaga Pinedo, Enrique Octavio Marroquín Osorio, Magda Isabel Gonzales Carrillo y Ulises Jorge Aguilar por el caso de Mamérita Mestanza, Celia Ramos y otras tres víctimas.

Aguinaga, Yong Motta y Costa Bauer sí que han comparecido virtualmente en la sesión.

No obstante, durante la audiencia, el juez ha constatado que el único intérprete convocado hablaba la variante de la región Ayacucho del quechua, a pesar de que algunas de las víctimas eran de otros territorios, como Cusco o Piura, en las que se habla otras variantes.

Ante la incapacidad, por tanto, de escuchar a la totalidad de las víctimas, el juez ha decidido suspender la audiencia y convocar una nueva con un intérprete que pueda dar voz a todas las mujeres de la acusación.

Durante la década de 1990, casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres fueron esterilizados durante un programa dirigido por el Gobierno del expresidente Fujimori para reducir la tasa de natalidad. El programa se centró en indígenas y habitantes pobres en áreas rurales del país.

Unas 2.073 mujeres han denunciado ante grupos locales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos que se les ligaron las trompas sin su conocimiento o consentimiento, y al menos 18 murieron como resultado de la cirugía. En los tribunales hay pendientes aún 1.307 denuncias.