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MADRID, 5 (OTR/PRESS) Según los últimos sondeos -más de medio país, por encima del 60% de los encuestados- se declaran en contra de la Ley de Amnistía que impulsa Pedro Sánchez como pago del peaje exigido por el prófugo Carles Puigdemont. El dato incluye también a votantes del PSOE que se han sentido engañados puesto que Sánchez durante la campaña electoral manifestó que la amnistía no tenía cabida en la Constitución. Con esta información y, en puertas de iniciarse en el Congreso el debate de la proposición de ley presentada por el Partido Socialista, cabía esperar que el Partido Popular aprovechara la situación para colocar a Pedro Sánchez ante el espejo no ya de sus contradicciones sino abiertamente de sus mentiras.
Era lo que cabía esperar, pero Génova no acaba de dar con la tecla de la estrategia y el debate que proyecta a los medios no es sobre la amnistía sino sobre un inopinado y controvertido proyecto de reforma del Código Penal para incluir como delito la deslealtad constitucional y el castigo a aquellas autoridades que promuevan el desacato a las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales. Tipificando, también, como como delitos las declaraciones de independencia, los referendos ilegales y promoviendo la disolución de las organizaciones que incurran en ellos.
El resultado de tan intempestiva propuesta -"Intempestivo: que está fuera de tiempo o de sazón"- es que se presenta en un momento de lo más inoportuno dada la expectativa parlamentaria alrededor de la amnistía.
Las críticas que ha generado el anuncio, muchas procedentes de ámbitos jurídicos, señalando la dudosa constitucionalidad de una iniciativa para la disolución de partidos políticos, han obligado a la dirección del PP a matizar el alcance del mencionado proyecto lo que en la práctica se traduce en una marcha atrás. Rectificación que desdice de la seriedad exigible al plantear asuntos tal sensibles.
Toda esta polémica se traduce en alivio para el PSOE, cuya factoría de argumentos a través de sus terminales mediáticas carga contra el PP y atribuye esta iniciativa a un intento de no dejarse adelantar por Vox, partido que venía anunciando una iniciativa similar de ilegalización de partidos. Y en este caso quizá lleven razón. El resultado es que mientras se habla de esto o se habla poco o no se habla de la amnistía con la que Sánchez paga sus deudas con los separatistas que con sus votos le mantienen en La Moncloa. Mientras los dirigentes del PP sigan observando de reojo los pasos que da Vox, equivocaran su estrategia y Sánchez se seguirá aprovechando.
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