Crean una unidad de atención a víctimas de abusos sexuales con discapacidad intelectual

- Estas personas tienen entre tres y diez veces más riesgo de sufrir abusos sexuales que el resto

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

Varios estudios internacionales estiman que las personas con discapacidad intelectual tienen entre tres y diez veces más posibilidades que el resto de la población de sufrir abusos sexuales, pero, pese a ello, el sistema judicial español "no está preparado" para atenderlas, por lo que en la mayoría de los casos no denuncian.

Así lo puso este jueves de manifiesto Almudena Martorell, directora de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, entidad que junto a la Guardia civil se ha hecho eco de este problema y ha puesto en marcha la primera Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (Uavdi).

La unidad, que cuenta con el apoyo de la Fundación Mapfre, es equiparable, según sus impulsores, a otras especializadas, por ejemplo en violencia de género, maltrato a menores o personas mayores.

Su directora, María Recio, explicó que su principal objetivo es intervenir en los casos de abuso sexual sufridos por ciudadanos con discapacidad intelectual que detecte, estudiándolos y analizándolos a fondo, de tal manera que luego pueda llevarlos a juicio y acompañar en el proceso a las víctimas y a sus familias.

Y es que, prosiguió la experta, las menores habilidades de comunicación, las relaciones de sumisión a las que están acostumbradas, el desconocimiento de lo que les está sucediendo o la falta de credibilidad que suelen tener sus testimonios hacen a las personas con discapacidad intelectual más vulnerables a los abusos sexuales y les dificultan también su denuncia.

En este sentido, Recio indicó que muchas veces tanto la policía como el juez preguntan a la víctima si consintió la relación sexual y ella responde que sí por la necesidad de que la vean como una persona válida, pero sin haber entendido el significado de la cuestión.

MEJORAR EL ABORDAJE

Ante esta realidad, la unidad presentada este jueves pretende también concienciar a la sociedad de la importancia que tiene dar una formación específica a jueces, forenses y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que utilicen las herramientas adecuadas a la hora de abordar estas situaciones.

José Manuel Quintana, psicólogo y capitán de la Sección de Análisis de la Conducta Delictiva de la Guardia Civil, constató en la presentación de la unidad que en los últimos años están llegando hasta este cuerpo más casos de víctimas con discapacidad intelectual de abusos sexuales y que no siempre es fácil abordarlos correctamente.

Con respecto a las cifras concretas de este tipo de casos en España, el capitán Quintana señaló que hasta la fecha no hay un recuento, como tampoco hay un perfil de las víctimas, ya que, en función de la treintena de casos que el cuerpo ha analizado a fondo, los abusos se dan tanto en hombres como en mujeres y en distintas edades.

Algunos estudios internacionales citados por la fundación sí hablan de datos y consideran que entre el 60 y el 80% de las mujeres y entre el 25 y el 35% de los hombres con discapacidad intelectual han sido alguna vez víctimas de abusos sexuales.

Sea como fuere, la Fundación Carmen Pardo-Valcarce considera que los abusos sexuales de ciudadanos con discapacidad intelectual están ahí y constituyen un problema que los políticos tienen que conocer y por eso está estudiando la forma de llevarlo hasta el Parlamento.