El Gobierno confirma que la exhumación de Franco se aprobará este viernes con un decreto ley

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, confirmó este martes que el Consejo de Ministros de este viernes abordará la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, y que lo hará mediante un decreto ley que modifique la Ley de Memoria Histórica “para evitar demandas judiciales que retrasen la medida”.

“Entrará en el orden del día y se aprobará, parece que la fórmula más adecuada es un decreto ley”, dijo el ministro en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Servimedia.

Esta vía escogida por el Gobierno pretende que la exhumación del dictador “se pueda aplicar cuanto antes” y evitar así “demandas judiciales que retrasen la medida”.

Las demandas judiciales que el Ejecutivo pretende evitar son las de la familia, que en los dos últimos meses ha manifestado su oposición a la medida y que incluso ha amenazado con acciones legales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya afirmó a principios de agosto que la exhumación de los restos de Francisco Franco tendría lugar "muy pronto", puesto que los planes iniciales del Ejecutivo eran proceder en el mes de julio.

En la rueda de prensa que Sánchez ofreció en el Palacio de la Moncloa antes de irse de vacaciones, señaló que "lo que importa es que se haga con todas las garantías" y precisó que "eso es lo que está haciendo el Gobierno” para evitar problemas posteriores.

"La decisión política está tomada y el Gobierno va a hacer cumplir el mandato del Congreso de los Diputados”, dijo en alusión a la proposición que se aprobó en mayo de 2017 y que exigía la exhumación de los restos del dictador y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.

Diez días antes, Sánchez apeló a los familiares de Francisco Franco para que reconsiderasen su negativa a hacerse cargo de los restos del dictador que el Gobierno va a exhumar en el Valle de los Caídos.

“Estamos terminando el método jurídico. Vamos a dar la orden en breve y se va a aprobar en Consejo de Ministros”, aseguró el presidente hace casi un mes en una entrevista en el digital ‘El diario.es’, en la que se reafirmó en que "una democracia como la española no puede permitirse monumentos franquistas" porque "se ha tardado mucho tiempo en exhumar los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos”.

El Gobierno admite desde principios de julio que este es el principal problema, dado que los herederos de Franco se niegan a retirar los restos de su ubicación actual en la Basílica del Valle de los Caídos e incluso han amenazado con emprender acciones legales de las que el Consejo de Ministros pretende protegerse con la modificación legal que pretende aprobar este viernes.

Para ello, los expertos jurídicos del Gobierno llevan semanas analizando el caso y preparando una respuesta segura que dote de un "armazón legal" a la decisión anunciada por Pedro Sánchez nada más tomar posesión al frente de La Moncloa a principios de junio.

EL PRECEDENTE DE SANJURJO

El propósito es amparar con ello la decisión política de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, para evitar que se produzca una sentencia de los tribunales similar a la del caso que afectó al general José Sanjurjo.

Después de que el Gobierno anunciara su “determinación política” de exhumar a Franco, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Pamplona, Antonio Sánchez, ordenó en julio devolver los restos del general Sanjurjo al monumento a los caídos de Pamplona del que fueron exhumados en noviembre de 2016, junto a los del general Mola y otros seis combatientes franquistas.

Desde entonces, el Ejecutivo de Sánchez está buscando la “fórmula jurídica” que impida que con la exhumación de Franco pueda darse algún resquicio legal que de pie a iniciativas legales como la que se produjo con Sanjurjo.

La exhumación de Sanjurjo se llevó a cabo tras un acuerdo entre el Arzobispado y el Ayuntamiento de Pamplona, que pactaron que la cripta del monumento dejara de ser un lugar de enterramiento. La sentencia estimó el recurso presentado por la hija del general franquista.

El juez rechazó el acuerdo del Consistorio con el Arzobispado de Pamplona para clausurar el cementerio ubicado en el monumento a los caídos y negó que mantener allí los restos contravenga la Ley de Memoria Histórica porque "la condición de las personas que allí se encontraban enterradas no puede tomarse como mención o símbolo (de exaltación franquista)".