MADRID, 03 (SERVIMEDIA) La Conferencia Sectorial de Igualdad acordó este miércoles los criterios de reparto de 100 millones de euros para la lucha contra la violencia de género en las comuniddes autónomas, tal y como establece el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El crédito de 100 millones de euros será destinado al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, en particular a las mujeres en situación de vulnerabilidad; inserción sociolaboral; campañas de sensibilización y prevención; protocolos de coordinación y colaboración entre las administraciones e instituciones competentes; establecimiento de un sistema de acompañamiento de las mujeres; refuerzo de los servicios de apoyo a los hijos e hijas y de los Puntos de Encuentro Familiar; formación especializada en el ámbito educativo y de medios de comunicación, y refuerzo de las Unidades de Valoración Forense Integral. La distribución del crédito aprobada en el Conferencia Sectorial responde a criterios territoriales (insularidad y ciudad fronteriza) y poblacionales (porcentaje de mujeres), con especial atención a las mujeres mayores de 65 años y mujeres con discapacidad, mujeres con trabajo temporal o en situación de desempleo. Asimismo, se tendrá en cuenta la población rural y la densidad de población. Andalucía recibirá más de 16 millones, Cataluña, 12,7, y Madrid, casi 10,5. La Conferencia ha dispuesto también 9,5 millones de euros para la asistencia social integral a las víctimas de la violencia de género, programas para víctimas de violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres. Por otro lado, Gobierno y comunidades autónomas han aprobado el título habilitante que amplía los mecanismos de acreditación de la condición de víctima para acceder a prestaciones sociolaborales sin la necesidad de interponer denuncia. En este sentido, se ha diseñado un modelo común y consensuado para unificar dicha acreditación administrativa en todo el territorio. El objetivo de esta medida, que ya tenían reconocidas las empleadas públicas víctimas de violencia de género, es mejorar la respuesta institucional y permitir el acceso a los beneficios y derechos sociolaborales de las víctimas sin supeditarlo a la judicialización del caso.
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