MADRID, 05 (SERVIMEDIA) La Comisión Europea advirtió este miércoles a España de que el uso “generalizado” de la contratación temporal “podría suponer un obstáculo” para el crecimiento económico y la cohesión social, y pidió medidas adicionales para sostener las pensiones, tras actualizarlas con el IPC en 2018 y 2019. Así lo señala la Comisión en un informe de recomendaciones para España relativas al Programa Nacional de Reformas de 2019, en el marco del paquete de medidas de primavera del semestre europeo. Bruselas se refiere al mercado laboral español para incidir en la temporalidad, “incluso en los sectores menos tendentes a la actividad estacional o cíclica”. Al respecto, señala que los jóvenes, las personas con baja cualificación y los nacionales de terceros países son los más afectados y los que están expuestos a “un mayor riesgo de pobreza”. Cree que, aunque las inspecciones de trabajo están dando “ciertos resultados”, los empresarios siguen optando por estos contratos menos estables. La Comisión hace hincapié en que los contratos temporales suelen ser de muy corta duración y ofrecen “escasos incentivos” para invertir en formación, con lo que “obstaculiza el crecimiento de la productividad”. Al mismo tiempo, pone de relieve que convertir un temporal en un contrato indefinido “sigue siendo difícil” y apunta que “los numerosos incentivos de apoyo a la creación de puestos de trabajo están teniendo efectos limitados a la hora de promover un empleo de calidad”. Por otra parte, considera que los servicios públicos de empleo requieren modernizarse y que se necesitan medidas de apoyo a la movilidad laboral para “contribuir a mejorar la empleabilidad” de los trabajadores y su adaptación a los cambios en el mercado laboral. Del mismo modo, observa que las desigualdades entre hombres y mujeres en lo que respecta a la tasa de empleo y la duración de las carreras profesionales siguen siendo “considerables” y suponen un “desaprovechamiento de potencial, sobre todo en vista del rápido envejecimiento de la población”. PENSIONES Y OTROS GASTOS SOCIALES En materia de pensiones, la Comisión señala que la actualización de éstas con la inflación en 2018 y 2019 y el aplazamiento del factor de sostenibilidad “requerirían medidas compensatorias para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo”. A esto añade que se necesitarían medidas para abordar tanto la “adecuación de los ingresos de los futuros jubilados” como la “duración y la integridad de sus carreras laborales en un contexto de alto desempleo y de uso generalizado de contratos temporales y empleo a tiempo parcial”. Por su parte, el gasto social dirigido a los hogares con hijos “no está bien orientado”, según Bruselas, que detecta “deficiencias importantes” en la cobertura de las personas con dependencia moderada y severa. Se refiere al subsidio para desempleados mayores de 52 años aprobado el pasado mes de marzo y destaca que puede “socavar los incentivos para trabajar de este grupo”. En cualquier caso, Bruselas reclama inversiones en políticas de inclusión social e infraestructuras sociales, entre las que cita la vivienda social, al tiempo que plantea promover el emprendimiento, la digitalización y la economía social.
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