MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
El próximo martes, 12 de noviembre, la Audiencia Provincial de Madrid juzgará a Joaquín Botija Botija por el presunto robo del hijo de Adelina Ibáñez en 1975 cuando ejercía como ginecólogo en la clínica Santa Cristina de Madrid. Es el segundo caso de bebé robado que llega a juicio.
El tribunal ya ha suspendido la vista en dos ocasiones, la última el pasado 18 de octubre por incomparecencia del acusado que alegó “problemas médicos” aunque sin especificar de qué dolencia se trataba.
Para respaldar sus argumentos, la defensa del médico ha aportado informes oncológicos ininteligibles en los que apenas se puede leer el nombre del acusado. Botija, de 74 años, será el segundo médico juzgado en España por un presunto caso de bebé robado. El primero fue el doctor Eduardo Vela, que resultó absuelto por la prescripción del delito. Pese a ello, la Audiencia de Madrid dictó que fue responsable de la sustracción de Inés Madrigal en 1969.
Adelina Ibañez denunció que su hijo recién nacido había desaparecido en octubre de 1975 pero su caso no llegó a los tribunales hasta 2003.
Ella siempre sostuvo que había dado a luz un niño vivo al que llegó a tocar. Asistida por la monja María Gómez Valbuena 'sor María', ya fallecida, pidió ver al bebé pero sólo logró que le enseñaran de lejos lo que ella cree que era un muñeco.
La clínica Santa Cristina de Madrid ya ha aparecido en varias de las historias de bebés robados denunciadas por Sor María, quien murió sin dar respuesta a las reclamaciones de varias madres que sostienen que sus hijos les fueron arrebatados y dados en adopción de manera ilegal.
En el caso de Adelina, trató de convencerla de que diera a su hijo en adopción de manera voluntaria con el argumento de que era hijo del pecado por haber sido concebido fuera de matrimonio. La madre se negó en todo momento.
Cuando llegó el parto, todo fue muy rápido y antes de que la mujer pudiera ser trasladada a quirófano el bebé ya había superado el canal del parto. Pese a que ya se había producido el nacimiento, Adelina fue anestesiada y no le dejaron ver a su hijo que, según su versión fue entregado al día siguiente a una pareja. Más de cuarenta años después sigue sin tener noticia de su paradero.
La Fiscalía solicita la libre absolución del facultativo cuya firma figura en el parte médico del alumbramiento. El Ministerio Público dice que no está acreditado que Botija fuera el médico responsable de atender al recién nacido con posterioridad al parto, ni que tuviera conocimiento o hubiera participado de cualquier forma en la entrega del recién nacido a personas desconocidas sin el conocimiento y autorización de la madre.
Por tanto, el fiscal considera que los hechos no son constitutivos de infracción penal y pide la libertad del acusado para el que la acusación particular pide ocho años de prisión.
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