Garamendi avisa al Gobierno de que si se rompe la adaptabilidad de las empresas “tendremos un problema”

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, advirtió este martes al Gobierno sobre el riesgo de provocar “un problema” para España si, con las reformas, se rompe la adaptabilidad de las empresas a los mercados donde compiten.

“Nosotros aminoraremos daños donde consideremos que algo podamos mejorar, pero habrá algunos aspectos donde tengamos que decir que no. Y tendremos que decir que no a aquello que provoque que las empresas no se puedan adaptar a cada momento porque es la clave de que las empresas funcionen”, avisó durante una entrevista a ‘Esradio’ recogida por Servimedia.

El presidente de CEOE explicó que las empresas “están muchísimo más preparadas que antes de la crisis” gracias a unos esfuerzos en internacionalización que han subido de 50.000 a 200.000 el censo de compañías con negocios fuera y del 22 al 34% del PIB el valor de esa actividad exterior.

“Eso significa que estamos en el mundo y eso significa que hay que aplicar los criterios que tengamos para competir en el mundo”, defendió y advirtió de que en momentos de desaceleración, como los actuales, pueden crearse dificultades para empresas y el país si se toman “aspectos que puedan no hacer competitivas a las empresas”.

“Si las cosas se hacen bien, y nosotros estaremos para intentar que se hagan bien, yo creo que superaremos esto e iremos para adelante. Como se toquen muchos puntos, porque a alguien la economía no les interesa, tendremos un problema”, remachó, subrayando que las empresas deben competir con rivales de mercados como India o China.

Garamendi lamentó que cuando se hable de flexibilidad en la empresa se asocie a despidos, cuando va más bien va de aspectos como flexibilidad en turnos. Sobre la mesa y en relación a la reforma planteada por el Gobierno hay tres grandes temas: el convenio sectorial, la ultraactividad y la subcontratación.

A su juicio, el “más peligroso” para las empresas es este último. “Realmente como se toque la externalización desde un punto de vista de no flexibilidad de las empresas tendremos un problema”, señaló y avisó de que ahí la CEOE va a estar “realmente vigilantes”.

En términos generales Garamendi indicó el deseo de encontrar acuerdos con el diálogo que no dañen al tejido productivo. “Nosotros vamos a sentarnos en la mesa del diálogo social, pero lo que no vamos a admitir es un trágala”, apuntó e indicó que también trabajará con los grupos políticos en el Congreso, que son los que deberán visar finalmente las normas.

Cuestionado sobre la subida del salario mínimo interprofesional de 900 a 950 euros mensuales, admitió que CEOE hubiera planteado otra cantidad y pudo “conseguir que se baje a la mitad” desde el aumento del 11% planteado en un inicio al 5,5% finalmente acordado.

“Me siento satisfecho en el sentido de haber aminorado el daño que se podía hacer en una decisión que, cuidado, es unilateral del Gobierno”, apuntó, señalando que la patronal puso sobre la mesa el perjuicio para empresarios, sobre todo pequeños, y autónomos.

Al ser cuestionado sobre la situación que plantea que se suban los costes al empresario sin actualizar los presupuestos de los contratos públicos que operan, Garamendi consideró que es una “trampa” y “una paradoja e insolidaridad” que el Gobierno “obligue a hacer lo que ellos no hacen”.

A su juicio la ley de contratación pública contiene un sistema todavía “más perverso”, ya que impide al proveedor abandonar el contrato y no prevé su actualización hasta finalizarse la licitación, obligando al proveedor a incurrir en algunos casos en pérdidas hasta su conclusión.

Al ser cuestionado sobre la presión fiscal existente en España, Garamendi validó la idea de que es menor que el resto de Europa cuando se divide entre el número de españoles, pero muy inferior si los tributos pagados se dividen “entre el número de españoles que pagamos”.

La razón es que España sufre una economía sumergida equivalente al 24% del PIB frente al 13% de media en la Unión Europea. Echando mando de un informe del Colegio de Economistas indicó que “si nos pusiéramos a la altura de Europa –en economía sumergida- estaríamos hablando de 50.000 millones de euros de impuestos” adicionales.