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Más de 250 colectivos piden retirar el wifi de los colegios

Agencias
miércoles, 28 de septiembre de 2011, 15:15 h (CET)

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

La Organización para la Defensa de la Salud, la Fundación para la Salud Geoambiental y otras 250 asociaciones apoyan la campaña “escuela sin wifi“, dirigida a eliminar el uso de esta tecnología en las aulas y a su sustitución por accesos a Internet mediante cable.

Durante la presentación hoy martes de esta iniciativa, la directora de la Organización para la Defensa de la Salud, Irina Rodríguez de la Flor, explicó que “existe suficiente literatura científica que demuestra cómo las microondas del wifi tienen efectos perjudiciales en la salud, sobre todo en la de poblaciones vulnerables como niños y mujeres embarazadas”.

El Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y otras instituciones ya han emitido recomendaciones a los Estados para limitar el tiempo de exposición a 01 microwatios por centímetro cuadrado, explicó.

El médico de atención primaria y especialista en electrosensibilidad Miguel Solans declaró por su parte que aunque no son el único factor determinante, las microondas del wifi, al igual que las del móvil, están relacionadas con el aumento de casos de hiperactividad, déficit de atención, alteraciones neuronales e incluso alergias en niños.

Además, la OMS apuntó que esta radiación podría ser un agente cancerígeno tipo 2.

Por ello, Rodríguez de la Flor lamentó que desde el Ministerio de Educación se impulse la introducción de esta tecnología en la escuela, pues supone una utilización de recursos públicos en algo que puede ser perjudicial para la salud”.

“No decimos que no a Internet”, prosiguió, y apeló al principio de precaución (por el que si existen sospechas de que un producto o tecnología puede resultar nocivo no debe emplearse hasta que no se demuestre su inocencia) para solicitar el empleo de Internet por cable en las aulas.

A juicio de Rodríguez de la Flor, la legislación española “está obsoleta en este sentido”, pues “nuestra normativa se basa en una legislación aprobada hace 11 años” que establece el límite permitido en 450 microwatios por centímetro cuadrado para frecuencias de 900 megaherzios y 900 microwatios por centímetro cuadrado para frecuencias de 1800.

Se calculó para un hombre de 1.70 de altura, 70 kilos de peso y durante un tiempo medio de 20 minutos de exposición, agregó, “nada que ver con la realidad de un niño sometido a una exposición continuada en la escuela”, subrayó la directora.

La misma idea expresó el abogado experto en contaminación electromagnética Agustín Bocos, quien declaró que “la normativa española nació insuficiente y no sirve para nada”.

Según destacó, “si el límite actual nunca se sobrepasa y aumentan las enfermedades relacionadas”, será que no es efectivo.

PETICIÓN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Rodríguez de la Flor explicó que se han puesto en contacto con las principales fuerzas políticas para hacerles llegar su petición, y animó al conjunto de la ciudadanía a participar en las distintas iniciativas que propone la web de esta campaña.

Entre ellas, figuran el envío de cartas a los directores del colegio, la recogida de firmas con las que promover una iniciativa legislativa popular y el envío de misivas a los consejeros de Educación.

Este es el primer paso, ya que nuestra intención es la retirada del wifi del resto de espacios públicos”, como plazas y bibliotecas, agregó.

El responsable de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm), Paco Caño, declaró que “hemos mantenido contactos con los ministerios de Sanidad y Educación, pero curiosamente el único que no nos ha recibido es el promotor de toda esta idea: Miguel Sebastián”.

Denunció la existencia de “intereses económicos” y la influencias que las operadoras ejercen sobre responsables políticos y asociaciones científicas, y alertó que el proyecto de Ley de Telecomunicaciones que el Gobierno pretendía aprobar no hacía “sino dar más poder a las operadoras”.

MIEDO DE HABLAR

Según Rodríguez de la Flor, estas conclusiones cuentan con el consenso “de la comunidad científica independiente”, ya que “los científicos financiados por la industria” mantienen otras opiniones.

En opinión de Caño, el problema es que científicos, profesores y personalidades con responsabilidad “tienen miedo de manifestarse, pues saben que serán retirados de su cargo si lo hacen”.

“Al que se destaca en este sentido, lo tachan de apestado y lo retiran de su puesto”, apuntó el doctor Solans, quien justificó así la falta de apoyo por parte de la comunidad científica española hacia la campaña.

Con todo, Rodríguez de la Flor se mostró convencida de que “esta guerra la vamos a ganar”. “Pasó con el TDT, el amianto y el tabaco, y es cuestión de tiempo que esto se regule”, concluyó.

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