Congreso y Senado instan al Ejecutivo a combatir las adicciones en menores y a estudiar su uso compulsivo de Internet

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

La Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones del Congreso y el Senado instó este miércoles al Gobierno, a través de sendas proposiciones no de ley (PNL) presentadas por el Grupo Parlamentario Popular del Senado y por el PSOE, a realizar un estudio “pormenorizado” del incremento de la actividad online de menores y adolescentes durante el estado de alarma y la desescalada y a elaborar una guía para controlar y prevenir adicciones en los menores así como a realizar un estudio específico sobre su uso compulsivo de Internet.

Las dos proposiciones no de ley, que se han fusionado en una por una enmienda transaccional, han contado con 37 votos a favor y ningún voto en contra ni abstención.

Por lo que respecta a la presentada por el PP, el senador Bienvenido de Arriba reconoció que existe "una creciente preocupación por el potencial uso problemático de las nuevas tecnologías y sus consecuencias” y que los poderes públicos deben promover su uso “seguro, responsable y saludable”.

Por su parte, la senadora socialista María Esther Carmona urgió a reforzar la recogida de información sobre el uso de Internet en la Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (Estudes), en colaboración con las comunidades autónomas.

Desde el Grupo Republicano y el PP entendieron que es necesario “ir más allá” de Estudes en el estudio sobre el comportamiento de los jóvenes en este ámbito y “rebajar” la edad de los consultados hasta la educación primaria introduciendo en la encuesta preguntas dirigidas a población de edades “mucho más tempranas”.

En su turno de fijación de posiciones, la senadora vasca Nerea Ahedo, representante del PNV, lamentó que en ambas proposiciones se haya “obviado el papel de la familia” y por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el senador Tomás Marcos llamó a “tener una amplia mira” para entender que la problemática de abuso de dispositivos móviles “empieza mucho antes, probablemente, de los 14 años”.

Por Vox, el diputado Tomás Fernández denunció que el Ejecutivo “no esté informado” sobre las consecuencias del uso abusivo de las nuevas tecnologías y se preguntó “qué ha estado haciendo sobre este tema en los últimos años”. Además, precisó que “para las situaciones y problemas reales hacen falta gestores de reconocido prestigio y no políticos de cupo tomando decisiones por ideología y rédito electoral”, en referencia al ministro de Consumo, con competencias en materia de juego.

Con respecto a la PNL sobre micropagos en videojuegos propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista instando a acordar un marco regulatorio para las cajas de recompensa o cajas botín como juego de azar presentes en los videojuegos con la participación del sector, organizaciones de consumidores o expertos en adicciones, el diputado socialista Daniel Viondi recordó que se trata de “mandar un mandato al gobierno para que actúe ante un tema sensible”.

En este punto, Vox se mostró “totalmente de acuerdo” con la propuesta y apoyó la iniciativa socialista al entender que urge “trazar un marco regulatorio específico para este producto” e impulsar campañas de información que logren un “uso responsable” de los videojuegos y la implementación adecuada de medidas de control parental.

La propuesta, que insta también al Ejecutivo a adoptar a la normativa española las medidas contempladas en el Pan European Game Information (código PEGI), ha incluido dos enmiendas de ERC y Unidas Podemos y ha contado con 22 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones.

REGISTROS DE INTERDICCIÓN

Asimismo, ha salido adelante, con la incorporación de una enmienda de ERC y el rechazo de la del PP, una PNL del Grupo Parlamentario Socialista relativa a impulsar los mecanismos de interconexión de los registros de interdicción de acceso al juego de ámbito estatal y autonómico.

El socialista Daniel Viondi aseguró que los jugadores tienen un registro donde se inscriben para autolimitarse y las administraciones “deben trabajar para que esos registros se comuniquen”. “Es un problema de gran calado que necesita coordinación y cooperación”, admitió.

En este punto, el PP estimó “fundamental” que se informe a los inscritos en dichos registros de la existencia de ONG dedicadas al tratamiento, rehabilitación y reinserción laboral de los afectados por ludopatía, por lo que pidió a PSOE y Unidas Podemos que exijan al Ejecutivo de Pedro Sánchez que ayude a las entidades que luchan contra esta problemática.

Por el Grupo Republicano, Marta Rosique urgió a facilitar e impulsar mecanismos de interconexión entre dichos registros dado que el “exceso de burocracia” puede “convertir en inútil” el acompañamiento por parte de la administración.

En su turno de fijación de posición, la parlamentaria del PNV Nerea Ahedo mostró su “recelo” ante la posible intención del Ministerio de Consumo de contar con un registro único en el que las regiones “vuelquen sus datos” y por Ciudadanos, Tomás Marcos aseguró que resulta “fundamental” esta interconexión porque “lo que está en juego es el derecho fundamental de estas personas con adicción a no recaer”.

El parlamentario de Vox Tomás Fernández se mostró contrario a esta interconexión que, a su entender, “ha demostrado que es ineficiente” y defendió que “lo sencillo es un registro único”.

La parlamentaria socialista María Esther Carmona puntualizó que la PNL persigue la articulación de unos registros autonómicos y estatal “perfectamente coordinados” y, en respuesta al PNV, aseveró que no están “en cuestión los distintos niveles competenciales” sino que se trata de ofrecer un tratamiento “adecuado, coordinado e interconectado entre esos diferentes registros”.

La PNL ha obtenido 33 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención.

Finalmente, la relativa al impulso del Consejo de Políticas de Juego, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, ha salido adelante con 20 votos a favor, uno en contra y 15 abstenciones con el fin de frenar la “proliferación desmesurada” de casas de apuestas que, según la diputada Sofía Fernández, “están contaminando nuestros barrios”.

El PP presentó una enmienda que fue rechazada y en la que pedía que se hiciera con el “entendimiento” del sector del juego. El grupo vasco rechazó una proposición que, según Nerea Ahedo, plantea “que se centralice algo que está descentralizado, que el estado regule lo que no tiene competencias para regular”.

Vox se mostró de acuerdo con la PNL para exigir un marco normativo “unificado” con el fin de evitar la “descoordinación actual” y el grupo socialista juzgó “muy necesaria” la “armonización” entre todas las políticas regionales en esta materia que plantea esta PNL, que ha obtenido 20 votos a favor uno en contra y 15 abstenciones.