García Castellón dará un impulso a la investigación del `caso Púnica´ con el interrogatorio de 57 personas a partir de enero

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón va a dar un impulso a la investigación del `caso Púnica´ en 2021. Para ello ha programado la declaración de un total de 57 personas entre imputados, testigos y peritos entre los días 18 de enero y 22 de febrero. Entre los citados hay antiguos altos cargos del PP, exalcaldes, exconcejales, empresarios y un exparlamentario regional, investigados en esta causa.

En la lista de citados están los exalcaldes del PP Ana Kringe (Denia), Juan Antonio Bataller (Castellón), Juan Carlos Boza (Valdemoro) y Narciso de Foxá (Majadahonda), y el exdiputado en las Cortes Valencianas Víctor Soler Beneyto, que declararán dentro de la instrucción de la pieza número 10 de las 12 en las que está dividido el `caso Púnica´, cuya investigación deberá estar concluida en julio del próximo año.

En total, el juez verá en poco más de un mes a 24 imputados, 31 testigos y dos peritos que tendrán que responder por el supuesto desvío de fondos públicos para pagar trabajos de mejora de la imagen en Internet de cargos públicos del PP en varios ayuntamientos y consejerías de los gobiernos de Madrid y la Comunidad Valenciana.

El juez también tomará declaración a Álvaro de Arenzana, gerente adjunto del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) entre 2005 y 2011. Se trata de un organismo ya desaparecido dependiente de la Consejería de Economía que fue presuntamente el vehículo para desviar fondos públicos para la `caja b´ del PP de Madrid que se usaron en el pago de campañas electorales de Esperanza Aguirre.

Miguel Ángel Valdepeñas también está llamado a declarar. Él fue viceconsejero de Medio Ambiente y deberá responder por los contratos del Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid) con Waiter Music, para organizar actos con cargos a la contabilidad irregular del PP.

Igualmente está citado el empresario David Marjaliza, que colabora con la justicia en esa causa. Él y el también empresario José Luis Capita eran socios en la mercantil Vancouver, principal accionista de la constructora Obrum, implicada en el cobro de comisiones y su desvío para el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados.

También están citados Claudio José Reig, jefe de gabinete de la exalcaldesa de Denia, y la directora de comunicación del ayuntamiento de Alcobendas, María Teresa Alonso-Majagranzas.