Dependencia. Pajín dice a las CCAA que la aplicación de la Ley de Dependencia "es cuestión de voluntad política"

- La ministra asegura que su gobierno ha dejado "una hoja de servicios bastante contundente" en discapacidad

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, se mostró hoy convencida, durante su intervención en el Foro de la Nueva Sociedad, de que la aplicación y el desarrollo de la Ley de Dependencia, en manos de las comunidades autónomas, "es cuestión de voluntad política".

"No podemos olvidar que la aplicación de la ley y su desarrollo es una cuestión de voluntad política y que son los gobiernos autonómicos los responsables de hacer efectivas sus prestaciones", afirmó Pajín en el discurso pronunciado en el citado encuentro informativo, organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum.

En este sentido, aseguró que le "preocupa" la "desigual ejecución de la norma de la dependencia en las distintas comunidades autónomas".

Ejemplarizó diciendo que "la Comunidad Valenciana es una de las que peor cumple" con la ley. Su grado de cumplimiento, explicó, está muy por debajo de la media nacional y sus inversiones nuevas son escasas.

La titular de Política Social aseguró que la ejecución de la Ley de Dependencia "es uno de los motores" del cambio, ya que requiere de nuevos puestos de trabajo, muchos de ellos ya creados.

En materia de discapacidad, Pajín está segura de que su gobierno ha dejado "una hoja de servicios bastante contundente", pues, según indicó, ha cumplido promesas hechas al sector, como la aprobación de la ley de lengua de signos y apoyos a la comunicación oral o la adaptación normativa de la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad.

La ministra respondió así a una pregunta formulada en este foro sobre la deuda que tienen las administraciones públicas con el sector de la discapacidad, cercana a los 200 millones de euros.

Según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), las administraciones territoriales (CCAA, sobre todo, y ayuntamientos y diputaciones, en menor medida) tienen una deuda viva de 189 millones de euros con las organizaciones y entidades de la discapacidad agrupadas en torno a esta entidad.