MADRID, 29 (SERVIMEDIA) La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) se mostró hoy contraria a la “aplicación generalizada” de los tratamientos involuntarios a las personas con algún tipo de trastorno mental. El presidente de Feafes, José María Sánchez Monge, contestó de esta forma a la propuesta que ayer lanzó el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Jerónimo Saiz, quien abogó por la aplicación involuntaria de un nuevo medicamento. Sánchez Monge consideró “muy preocupante” que se realicen este tipo de propuestas desde algunos sectores de la psiquiatría y señaló que los tratamientos involuntarios sólo deben aplicarse “en casos muy excepcionales”, y siempre que “se hayan agotado todas las vías alternativas de atención en la comunidad”. “En muchas ocasiones se culpa al propio afectado de la no adherencia al tratamiento, cuando en realidad es un problema de atención por falta de recursos comunitarios”, puntualizó Sánchez Monge, quien destacó que la principal medida para garantizar el tratamiento a las personas con enfermedad mental es el “desarrollo de Unidades de Salud Mental completas como establece la Estrategia del Sistema Nacional de Salud”, donde se trabajen también “los aspectos terapéuticos que favorezcan la inclusión social”. Desde Feafes se insiste en que la aplicación “indiscriminada” de tratamientos involuntarios es “claramente incompatible” con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2007 y por tanto de obligado cumplimiento en nuestro país. El doctor Saiz, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal, hizo las citadas declaraciones en una rueda de prensa ofrecida en Madrid para presentar un nuevo antisicótico de administración y acción mensual para pacientes con esquizofrenia. Según dijo, este medicamento, inyectable, podría ser uno a los que los pacientes deberían someterse obligatoriamente y que, por tanto, encajarían en la propuesta de su sociedad de impulsar una normativa que autorice a los jueces a obligar a ciertos enfermos a cumplir con el mandato de su médico. Según este experto, el problema de muchos pacientes psiquiátricos es que no cumplen adecuadamente con el tratamiento, lo que hace que empeore su situación con recaídas y hospitalizaciones.
|