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MADRID, 19 (SERVIMEDIA) La Asociación Española de la Carretera (AEC) presentó este viernes el llamado “bono de movilidad”, una iniciativa consistente en que cada conductor pague una tasa anual de entre 150 y 180 euros para crear un fondo de unos 20.000 millones de euros que debería destinarse integramente al mantenimiento de las carreteras y autovías.
Según explica la AEC este bono, que será debatido en unas jornadas que se celebrarán en Madrid la próxima semana, daría derecho a la circulación libre y gratuita de todos los vehículos privados durante los primeros 15.000 kilómetros que se recorran al año. En el caso del transporte profesional de mercancías, la gratuidad llegaría hasta los 100.000 kilómetros.
Por encima de estos baremos, tanto los conductores como los transportistas deberán aportar una cuota que variará en función de unos criterios predeterminados.
En estos suplementos, los "kilómetros nocturnos" serán siempre gratuitos, mientras que se pagará en las horas punta y en las carreteras que sufren mayor congestión (normalmente los accesos a las grandes urbes).
La propuesta de la AEC lleva implícito, sin ningún tipo de concesión, que la recaudación asociada al bono de movilidad se destine de forma íntegra a la carretera, a su conservación y a la mejora de la red. En la actualidad, sólo una quinta parte de la recaudación fiscal que genera este modo de transporte revierte en él.
Con esta iniciativa, la AEC pretende dar respuesta a la disminución de la inversión en infraestructuras viarias, que ha creado la necesidad de buscar nuevas fórmulas de financiación que permitan salvaguardar el patrimonio viario y mantener en óptimas condiciones la red de carreteras, único modo de transporte capaz de vertebrar España y de garantizar la accesibilidad a los servicios esenciales y la calidad de vida y seguridad de todos los ciudadanos.
Esta asociación defiende que de no implantarse una medida como el bono, las otras opciones conllevan o bien una reducción drástica de la inversión, que deja a este modo de transporte en una peligrosa situación, o bien un importante incremento fiscal que, sin embargo, no asegura que el dinero conseguido revierta en la infraestructura viaria.
La AEC considera que para implantar este tipo de medidas en toda la red de carreteras se necesitaría un horizonte temporal no inferior a 5 años.
En el caso de que se redujera a las autovías gratuitas (unos 15.000 kilómetros por los que transita casi el 60% del tráfico), la medida podría estar en marcha en un plazo más corto, si bien llevaría asociado el peligro de un uso masivo de vías alternativas.
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