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MADRID, 21 (SERVIMEDIA) El Ministerio de Fomento debe presentar esta semana la relación de los servicios ferroviarios de transporte de viajeros, así como los tramos y frecuencias, que continuarán siendo subvencionados por el Estado al ser considerados de interés general.
Según el decreto aprobado por el Gobierno el pasado 2 de julio, el plazo para que el departamento dirigido por José Blanco presente este documento al Consejo de Ministros concluye el 30 de noviembre.
Los servicios que queden fuera de la lista y no sean rentables dejarán de ser prestados por Renfe. Fomento ha manifestado el compromiso de no dejar sin opción de transporte alternativo a los ciudadanos afectados para lo que llevará a cabo un plan de reordenación para buscar el medio de transporte más eficiente en esas rutas, en principio el autobús.
El decreto del 2 de julio fija las bases para determinar las rutas que podrán considerarse de interés general. Son, en concreto, los servicios de Cercanías y de Media Distancia de intensa utilización por parte de los ciudadanos.
Renfe será la operadora de estos servicios durante los tres primeros años y recibirá una compensación para cubrir sus costes, siempre que cumpla con los índices de calidad establecidos.
Las bases determinan también que podrán designarse aquellos servicios ferroviarios que discurran dentro de una comunidad autónoma y que ésta estime de interés público y que en estos casos será la Administración autonómica quien aporte las compensaciones a Renfe.
El acuerdo de bases señala también que, transcurridos los tres años desde la declaración de las Obligaciones de Servicio Público, el Ministerio de Fomento presentará un informe que evalúe el funcionamiento del mismo y propondrá al Gobierno la prórroga adicional del contrato de servicio público o la licitación de estos servicios en régimen de concurrencia, transparencia y no discriminación.
Estos cambios son fruto de la normativa europea que limita las subvenciones estatales al ferrocarril a las estrictamente necesarias para la compensación de aquellos servicios deficitarios cuya continuidad esté justificada por razones de eficiencia energética, social, económica o medioambiental.
Dicho reglamento establece que el resto de los servicios ferroviarios deben regirse por criterios de competencia comercial y no deben percibir ayudas del Estado.
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