(Ampliación) La reducción de empresas públicas supondrá un ahorro anual de un millón de euros sólo en dietas de los consejeros

- El Gobierno afirma que es sólo “el primer paso” de otros que llegarán a durante la legislatura

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

La “reestructuración y racionalización” del sector público empresarial y fundacional aprobado este viernes por el Gobierno, que incluye la extinción de 24 entidades, supondrá un ahorro de 1.083.998 euros anuales sólo en las dietas de los consejeros de estas empresas, según informó la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

En concreto, la supresión de estas entidades supondrá la desaparición de un total de 154 consejeros cuyas dietas por la participación en estas empresas supera el millón de euros anual.

Con esta medida, el Ejecutivo quiere “poner orden en casa” y asegura que mejorará la “racionalidad, eficiencia y eficacia” del sector público empresarial y dará “mucha mayor transparencia hacia a los ciudadanos sobre cómo se gestionan los ingresos públicos”.

No obstante, la vicepresidenta adelantó que éste es sólo el “primer paso” en el proceso de racionalización del sector público, y subrayó que “seguirán otros a los largo de la legislatura”.

Además, apuntó que esta medida es continuación de las adoptadas en anteriores Consejos de Ministros, como las que limitaron las indemnizaciones y retribuciones de los directivos, y el número de consejeros.

Sáenz de Santamaría señaló que este proceso de reorganización del sector público empresarial y fundacional se realizará “bajo los principios de eficiencia, economía y estabilidad presupuestaria”, analizando qué entidades “son necesarias mantener y cuáles pueden extinguirse, fusionarse con otras, o puede desinvertir el estado”.

En algunos casos, según explicó la vicepresidenta, las entidades afectadas tenían menos plantilla que consejeros o incluso no tenían a ningún empleado, y sólo se utilizaban para tramitar contrataciones.

En concreto, el proceso se realizará mediante la extinción de filiales públicas que se integrarán en la matriz (desapareciendo el presidente, los directores generales y todo el consejo de administración), la desaparición de sociedades que “no tienen interés público y no es preciso que se mantengan por el Estado”, la “agilización” de procesos de liquidación ya iniciados, la desinversión con la venta de acciones y la fusión con sociedades de objeto análogo.

En el caso de agilizar los procesos de liquidación, la vicepresidenta apuntó que el Estado mantiene empresas como la que gestionó el quinto centenario del descubrimiento de América o el Barcelona Holding Olímpico.

En concreto, el Estado llevará a cabo, a través de los distintos ministerios a los que pertenecen estas sociedades, la extinción de 24 entidades, que en número representan el 17% del sector público empresarial estatal y entre las que se incluyen la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) o la sociedad de remolques marítimos Remolmar. También desaparecerá la sociedad creada para gestionar la privatización de Loterías y Apuestas del Estado, y se fusionará con ésta última la encargada de los aspectos técnicos de loterías (Sistemas Técnicos de Loterías del Estado).

Asimismo, el Gobierno llevará a cabo la desinversión en 8 sociedades (6% del total) y agilizará la liquidación de otras 13 entidades. Así, 45 sociedades mercantiles estatales se verán afectadas por estas medidas, que suponen, en número, el 32% del total.

A esta cifra se suman otras 35 sociedades en las que el Estado llevará a cabo una desinversión de sus participaciones y 9 fundaciones que se extinguirán o se fusionarán.

Sáenz de Santamaría subrayó que éste es “el primer paso en el redimensionamiento del sector público estatal” que supondrá un “ahorro inmediato de gastos de directivos y de consejos de administración”.

En cuanto al efecto que este proceso tendrá en los empleados de estas empresas, la vicepresidenta sostuvo que sólo afectará al personal directivo y a los consejeros.

A partir de ahora, todos los ministerios tendrán que poner en marcha estos procesos, por lo que la vicepresidenta señaló que no puede dar más datos, ya que “cada sociedad es un mundo”.

Sí que especificó que en la Administración General del Estado hay 228 empresas públicas, sobre un total de 2.372 en el conjunto de las administraciones. En el caso de las fundaciones, existen 626 de las que sólo 52 dependen del Estado.