MADRID, 19 (SERVIMEDIA) La mayor parte de las condenas con sentencia firme que se producen en España son por delitos de seguridad vial. Son las más numeras (38,7% del total), muy por encima de los delitos de lesiones (12,5%) y los robos (10,7%). Así queda reflejado en el balance de condenas con sentencia firma del año 2012 que el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer este jueves. El número de personas adultas condenadas ascendió a 221.063, lo que supone un 0,2% menos que el año anterior. Pese al ligero descenso, este número de condenas es la tercera más alta de los últimos seis años. Además, los delitos cometidos crecieron un 0,4% hasta 275.130 casos, lo que representa una tasa de 7,1 delitos por cada mil habitantes. Por tipo, los delitos contra la seguridad vial fueron los más numerosos con un porcentaje del 38,7%. Es más del triple de los delitos de lesiones (12,5%) y casi cuatro veces más que los robos (10,7%). No obstante, los datos del INE ponen de manifiesto que los delitos contra la seguridad vial disminuyeron en 2012 un 7,7% respecto al año anterior. Por sexo, los hombres acaparan el 89,1% de las condenas mientras que las mujeres con una sentencia firme en contra apenas llega al 10,9%. La edad media de las personas condenadas fue de 35,7 años (35,8 años en los varones y 34,7 en las mujeres). En el caso de los hombres, el mayor porcentaje de condenas se producen entre los 41 y 50 años, mientras que a las mujeres les sucede de los 21 a los 25 años. La mayor parte de los condenados en 2012 fueron de nacionalidad española (74,2% frente al 72,7% de 2011). Entre los extranjeros, los de países americanos representaron el mayor porcentaje de condenados (36,3%). Por regiones españolas, los andaluces sumaron el mayor porcentaje de condenas (20,1%), seguidos de los catalanes (13,8%) y los madrileños (12,3%). No obstante, son las comunidades autónomas con mayor población. Si se analiza la tasa de condenados por cada mil habitantes, los datos se dan la vuelta. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron las mayores cifras de condenados (38,82 y 20,94 respectivamente). En cambio, las más bajas fueron Castilla y León (4,42), Aragón (4,72) y País Vasco (4,87). Por penas, el 25,9% supusieron privación de libertad, el 19,4% fueron penas de multa, el 0,4% conllevaron la expulsión del territorio nacional y el 54,3% fueron penas privativas de otros derechos, principalmente inhabilitación especial para el empleo.
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