El examen de acceso necesario para poder ejercer la profesión de abogado y procurador de tribunales se contempló por primera vez en la Ley 34/2006 y prevé ahora su primera convocatoria.

El Ejecutivo persiste en su idea de que los abogados puedan ejercer como procuradores y prohíbe a los colegios contratar familiares directos de sus directivos.