El “supuesto delito contra la ordenación del territorio” es leguleyo, anacrónico, franquista e injusto a toda cuenta que ya no hay construcciones de nueva planta (son reconstrucciones) y todas ellas son potencialmente autorizables. No puede ser que en este país se encarcele a twiteros, raperos o titiriteros, mientras los corruptos de guante blanco nos mean encima y nos dicen que llueve. Porque no puede haber jueces al servicio del poder.