El actuar de la Ministra hace presumir que su imparcialidad este seriamente en duda, atentando la propia Carta Magna y demás normativas legales que les obligan a actuar jurisdiccionalmente de manera imparcial e independiente para dictar resoluciones conformes a Derecho. Su gestión en todos estos años ha fomentado la corrupción en todas las ramas y en todos los niveles del poder judicial.