El plan para inyectar más de 23.000 millones de euros para reforzar la solvencia
de la entidad podría infringir la normativa europea relativa a
financiación monetaria que prohíbe al BCE financiar a los Gobiernos a
través del uso de la deuda pública como aval.
Goirigolzarri está a la espera de que Goldman Sachs finalice la
valoración de activos de BFA-Bankia de cara a definir el porcentaje de
capital público en la filial cotizada.
Las acciones expropiadas se repartirán entre el Estado, con un 51 por
ciento, y las provincias que forman parte de la Organización Federal de
Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), con un 49 por ciento.
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