Estamos en un Estado de Derecho que regula nuestra convivencia con unas leyes que hemos de cumplir todos, también los poderes del Estado. Para entender sobre nuestro derecho a la libertad, protegida por la ley, veamos dos textos legales: “La autoridad o funcionario público, que careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a doce años” (Art. 506 Código Penal).