La separación de poderes es un principio legal y político, que en nuestro país no se cumple, en mi opinión, en algunos aspectos. Sobre todo, en lo que corresponde a la no injerencia del poder ejecutivo en el judicial. Se debe respetar la competencia y profesionalidad de los jueces, algo que no está sucediendo como se puede observar, si se consideran las declaraciones públicas de algunos dirigentes políticos, en relación con determinadas investigaciones judiciales, desde hace un tiempo en España.

Estamos en un Estado de Derecho que regula nuestra convivencia con unas leyes que hemos de cumplir todos, también los poderes del Estado. Para entender sobre nuestro derecho a la libertad, protegida por la ley, veamos dos textos legales: “La autoridad o funcionario público, que careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a doce años” (Art. 506 Código Penal).