Uno de los anuncios electorales más eficaces del año fue emitido por primera vez el pasado marzo contratado por la Republicana por Iowa Joni Ernst, una candidata al Senado relativamente desconocida por entonces.
"Crecí castrando los marranos de una granja de Iowa", dice Ernst durante el anuncio, que comienza con ella en primer plano entre los galpones de una explotación porcina. "As’ que cuando vaya a Washington, voy a saber despiezar el cerdo".
Eso llamó la atención. El anuncio se hizo viral en YouTube. Los programas de debate radiofónico y los informativos del cable lo consideraron irresistible. Los cómicos como Stephen Colbert se lo pasaron bomba. (Colbert dijo animar activamente a Ernst, "cerdo entero o partes del marrano que queden cuando haya terminado").
Pero el verdadero éxito llegó entre los votantes: La fama y la popularidad de Ernst se dispararon. Se hizo con las primarias Republicanas de calle, y segœn los sondeos más recientes llega a la jornada electoral con una ventaja estrecha sobre su rival, el congresista de cuatro legislaturas Bruce Braley.
"Washington está lleno de manirrotos", dice Ernst durante el anuncio. "Vamos a hacerles chillar".
Periodistas y analistas especializados en cuestiones políticas y fiscales se muestran a veces cansados cuando los candidatos como Ernst prometen pasar por el cuchillo de la matanza los derroches del erario público. Después de todo, observan, nunca se ha visto un capítulo titulado "derroche, fraude y malversación" en los presupuestos de nadie. El capítulo de gasto que el candidato Fulanito considera escandaloso y libertino, los candidatos Menganito y Zutanito lo defienden por esencial y de interés incalculable.
Pero una jugada como la de Ernst a menudo toca una fibra sensible, porque el votante sabe que identificar aberraciones fiscales no es complicado. De hecho, el propio Estado a menudo las señala.
Vea, por ejemplo, el informe de 62 folios difundido el mes pasado por la Oficina de Transparencia Pœblica, una instancia de auditoría que depende del Congreso. La Oficina concluye que entre los ejercicios 2011 y 2013, el Estado destinó m‡s de 775 millones de dólares a financiar días, meses y hasta años de moscosos de los funcionarios. Reglamentos veteranos de personal, refrendan repetidamente los dictámenes del interventor general, limitan expresamente los moscosos a "circunstancias extraordinarias" durante las que la presencia del funcionario en el trabajo se considera una amenaza pœblica. No obstante, la Oficina registra los nombres de más de 57.000 funcionarios de "baja administrativa" remunerada durante 30 jornadas por lo menos - de hasta tres años cientos de ellos.
"Mientras el funcionario se quedó en casa, no sólo cobró el sueldo sino que también se embolsó las aportaciones a sus planes de pensiones, las vacaciones pagadas y bajas por enfermedad, y ascendió en la escala salarial pública", informa el Washington Post. Y la instancia no subestima la verdadera factura de los moscosos; tenía datos "solamente de las tres quintas partes de la plantilla pública, puesto que no todas las instancias públicas hacen un seguimiento de la práctica".
¿El motivo de que tantos funcionarios federales sean remunerados por no trabajar? Que en general tenían abiertos expedientes por desorden o actos delictivos, y era más fácil tenerlos remunerados en su casa que despedirlos, suspenderlos sin empleo y sueldo o reasignarlos en otras labores hasta resolver su expediente. El senador por Oklahoma Tom Coburn habla de "Vacaciones Pagadas para Burócratas, a lo Bestia" en su obra más reciente "Derroche", el compendio de un ejercicio de impuestos perdidos y lenocinio fiscal. El resumen de Coburn cristaliza lo impactante de una pr‡ctica que los responsables de muchas instancias públicas han terminado por considerar costumbre:
"Cargan bebidas alcohólicas y viajes personales a la tarjeta de crédito del Estado. Presentarse a trabajar empalmando con juergas nocturnas. Perder la mayor parte de la jornada laboral navegando por páginas porno desde la oficina. Cualquiera de estos escandalosos comportamientos sería motivo sobrado de despido a menos, por supuesto, que usted trabaje para el Estado, en cuyo caso tendrá meses y hasta a–os de vacaciones pagadas". El promiscuo uso de los moscosos es uno de los 100 gastos más barrocos, indignantes o frívolos que detalla el "Derroche" de Coburn.
No son œnicamente las instancias federales del Estado las que permiten que sus funcionarios pendientes de medidas disciplinarias se queden en casa cobrando el sueldo íntegro. The Boston Globe detalló el año pasado numerosos ejemplos locales de la misma escandalosa práctica. Entre ellos: el comisario de policía de Waltham siguió percibiendo su salario anual de 146.305 dólares con prima de dedicación mientras tenía pendiente de fallo un delito con agravante de asalto, y el agente de Lawrence que siguió en la nómina municipal a pesar de su sentencia condenatoria por soborno en una sala federal. The Boston Herald recogía el martes que 41 funcionarios de escuelas públicas de Bostos acusados de diversos delitos menores no se presentaban a trabajar pero seguían cobrando 3 millones de dólares en total por año.
No hay que ser un periodista de investigación ni un experto de la Oficina de Transparencia Pública para saber que los funcionarios de todas las instancias son medidos de forma rutinaria según un rasero distinto a los trabajadores del sector privado. "Derroche, fraude y malversación" puede no aparecer como capítulo en los presupuestos del Estado, pero la fortuna que cuesta al contribuyente es completamente real. Que la experiencia en la castración del cochino vaya a ser útil o no a la hora de combatir una gestión pública tan ofensiva es una cuestión en el aire, pero de más no estará probablemente.
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