La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, declarará como imputada el
próximo 16 de enero a las 10.00 horas por las supuestas irregularidades
relacionadas con la tramitación del Plan Rabasa, en el marco del 'caso
Bugal', según se establece en la providencia dictada este lunes por el
titular del Juzgado de Instrucción 6 de esta ciudad, Juan Carlos Cerón.
El magistrado también interrogará como imputados en esta causa al
gerente de Urbanismo del Ayuntamiento alicantino, Enrique Sanus, y la
jefa jurídica de dicha área, Isabel Campos, el día 29 de enero, mientras
que la comparecencia del empresario Enrique Ortiz, igualmente como
imputado, ha sido fijada el 30 de enero a las 10.00 horas.
Las comparecencias de todos estos imputados estaban previstas
inicialmente para el pasado mes de noviembre, pero el juez decidió
posponerlas sin fecha a raíz de los incidentes de nulidad de las
actuaciones presentadas por algunas defensas personadas en el
procedimiento.
En la providencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana (TSJCV), el juez Cerón une a la instrucción los
recursos de apelación presentados por algunos abogados, entre ellos el
de la propia Castedo, a la que remite a un auto anterior, fechado el 16 de
septiembre, donde se recogen los hechos por los que está imputada.
En ese auto, el magistrado instructor establecía que un informe
policial arrojaba indicios de que Castedo pudiera haber incurrido en un
delito de prevaricación y tráfico de influencias para favorecer a Ortiz en
Plan Rabasa, que prevé la construcción de unas 13.000 viviendas en el
barrio de igual nombre, y la instalación en Alicante de la multinacional
Ikea.
"En el informe policial existen indicios de que esta actuación pudo
realizarse para beneficiar los intereses del empresario Enrique Ortiz",
señalaba entonces Cerón, quien no obstante ha sobreseído la
investigación para el exalcalde alicantino Luis Díaz Alperi y la
exsecretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente y
presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles
Ureña.
Además del calendario con los interrogatorios de los imputados, el
juez Juan Carlos Cerón ha llamado a declarar a dos testigos el próximo
9 de enero y ha descartado hacer lo propio con dos policías nacionales
porque "no han participado en los hechos denunciados".
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