La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana (TSJCV) se ha declarado no competente para
juzgar a los procesados en la pieza 5 del caso Gürtel, relativa a
contrataciones entre el Consell y la empresa Orange Market, dirigida por
Álvaro Pérez 'el Bigotes', y otras sociedades del Grupo Correa, y la ha
remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia
Nacional.
La Sala fundamenta esta decisión en varias cuestiones, entre ellas, en el
hecho de que todavía no se haya dictado auto de apertura de juicio oral en
esta pieza; y en que no quede ninguna persona aforada en toda la causa
valenciana, según consta en el auto, con fecha 25 de febrero, contra el que cabe interponer
recurso de casación.
El tribunal valenciano debía de pronunciarse ante la cuestión de competencia que le
planteó el pasado mes de octubre el juez instructor de este procedimiento, después de que
David Serra --imputado-- renunciara a su escaño de diputado en las Corts y, por tanto, a su
condición de aforado.
Ante esta cuestión, los procesados solicitaron al TSJCV que se declarara no competente
para seguir con la pieza, y la mayoría requirió que se remitiera a la Audiencia Provincial de
Valencia. Sin embargo, Fiscalía Anticorrupción fue la única parte que consideró que la
pieza debía seguir en el tribunal valenciano.
En concreto, el ministerio público señalaba que todas las piezas separadas de un mismo
proceso penal están llamadas a ser enjuiciadas por la misma Sala sentenciadora, pues de
lo contrario "se genera un evidente riesgo de sentencias contradictorias". Al respecto, hay
que recordar que este procedimiento cuenta con seis piezas distintas, sobre la que la
tercera se va a comenzar a juzgar en el TSJCV dentro de un mes, y la 1, 2 y 6 están
pendientes de la cuestión de competencia que también ha planteado el juez instructor tras
dictar auto de procesamiento y desaparecer los aforados.
Junto a ello, el fiscal aludía a que la instrucción y el enjuiciamiento no son dos
procedimientos distintos, sino dos fases de un solo procedimiento; y a que la atribución de
competencia del TSJCV, establecida por la ley y aplicada por el Tribunal Supremo --en su
auto de junio de 2012--, "lo es para la totalidad del procedimiento".
EL TRIBUNAL DIFIERE
El tribunal difiere de todos estos argumentos esgrimidos por el fiscal y ha decidido
inhibirse en favor de la Audiencia Nacional. Para adoptar esta decisión, lo primero que
recuerda es que la competencia del tribunal "solo" alcanza a las personas aforadas, "en
tanto han adquirido y mantienen tal condición de aforados y por cualquier delito". Así,
apostilla: "La pérdida por una persona de la condición determinante del aforamiento
subjetivo lleva a la pérdida de éste".
Así mismo, se remite a la resolución del TS que acuerda por unanimidad que en las causas
con aforados, "la resolución judicial que acuerda la apertura de juicio oral constituye el
momento en que queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de
enjuiciamiento, aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de
aforado". En este caso, Serra renunció a su escaño sin haberse dictado todavía apertura de
juicio.
Además, recuerda que no existe en la actualidad ninguna persona aforada ni en este
procedimiento ni en el resto de piezas que se instruyen en el TSJCV; y que la unidad de
procedimiento es "incompatible" con la división de piezas o, mejor dicho, con la división de
procedimientos distintos para su enjuiciamiento por separado.
Para la inhibición en favor de otro tribunal, la Sala pone varios ejemplos en los que se ha
optado por esta decisión, como lo ocurrido con el caso Cooperación, cuya pieza 1 se juzgó
en el TSJCV, con Rafael Blasco todavía como aforado y, tras perder esta condición con la
sentencia condenatoria, las piezas 2 y 3 se han remitido a un juzgado ordinario de
Valencia.
LOS PROCESADOS
En esta pieza, abierta por prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y
fraude, hay 27 procesados, a los que se les atribuye diferentes delitos. Entre ellos, figuran
Serra --por varias contrataciones del Open de Tenis cuando era secretario autonómico de
Deportes--, la exconsellera y exdiputada 'popular' Alicia de Miguel --por contrataciones en su
etapa en Bienestar Social--, los exconsellers Manuel Cervera y Luis Rosado --por contratos
relacionados con el Hospital Clínico en sus diferentes etapas en Sanidad--.
Junto a ellos, la lista se extiende a la que fuera directora general de Promoción Institucional
Dora Ibars por el montaje del stand de Grandes Eventos de Fitur 2009 y la contratación de
la Guía de la Comunicación y Memorias USB; a la ex directora general del Libro Silvia
Caballer y al exdirector de Castelló Cultural Vicente Farnós por contrataciones de Software
Libre y, además, Farnós por la contratación del X Aniversario de la Sociedad Proyecto
Castellón Cultural.
Así mismo, figuran como procesados el ex secretario autonómico de Familia y Solidaridad
Enrique Navarro por contrataciones en Bienestar Social; la exdirectora del Instituto de
Evaluación y Calidad Educativa y ex secretaria autonómica de Educación, María
Auxiliadora Hernández por dos contrataciones originadas por el Instituto Valenciano para
la Educación y Calidad Educativa (Ivece); la gerente de la Fundación Luz de las Imágenes,
Carmen díaz, por contrataciones de la entidad en los años 2005, 2006 y 2008.
El juez también ha procesado a la que fuera gerente de la Sociedad Gestora para la Imagen
Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana Arantxa Vallés, por un acto de la
Volvo Oceans Race en la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica de la Comunitat; el
exdirector de Asistencia Sanitaria Rafael Peset, y Pau Aviñó, quien ocupó un cargo de la
Conselleria de Sanidad, por los Premios Salud y Sociedad 2006 y 2007.
La lista se extiende también a Enrique Bort, exjefe de gabinete técnico de la Sociedad para
la Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva); Inmaculada García Pardo,
directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE); Paula de Cubas,
ex asesora de prensa de diversos departamentos de la Generalitat; y José María Vidal,
quien ocupó diferentes cargos en la Administración y también trabajó para Orange Market,
por un vídeo de parques empresariales del Sepiva.
Así mismo, figuran como procesados a Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, ex asesor
jurídico de Vaersa; Patria Callaghan, jefa de sección del Área de Calidad Ambiental de la
Conselleria de Territorio; el que fuera jefe de área en Vaersa Antonio Santo Juan; y el
entonces director general de Vaersa, Juan Miguel Bellver, por contrataciones desde la
entidad con Orange. Además, se ha procesado a la cúpula de Gürtel, entre ellos, Francisco
Correa, Cándido Herrero, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', Felisa
Jordán y Mónica Magariños.
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