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El Pleno del Congreso de los Diputados votar hoy el decreto ley de medidas urgentes aprobado por el
Consejo de Ministros el pasado 30 de diciembre con las que el Ejecutivo
de Mariano prevé reducir con "carácter inmediato" el desequilibrio
presupuestario de España en más de un punto porcentual del PIB, ante un
déficit público que se situará en el 8% en 2011, dos puntos porcentuales
por encima de lo previsto inicialmente.
Con este objeto, el Gobierno reducirá gastos en 8.900 millones de
euros, al tiempo que prevé recaudar 6.200 millones de euros más como
consecuencia de algunos cambios fiscales que incluyen un alza temporal y
progresiva del IRPF y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Aunque el PP cuenta con mayoría absoluta para sacar adelante este
decreto, confían en ganarse al menos la abstención de CiU y PNV e
incluso Foro Asturias. Por contra, dan por descontado el rechazo del
PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, Amaiur, ERC y BNG.
La defensa de la posición del Gobierno recaerá en el ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aunque en algún
momento se llegó a barajar que la asumiera el propio Rajoy. De esta
forma, los grupos parlamentarios no tendrán ocasión de afear al jefe del
Ejecutivo un paquete de medidas que consideran "contradictorias" con
las que presentó durante el Debate de Investidura de hace tres semanas.
Montoro replicará asegurando que las medidas son consecuencia de
una situación de las cuentas públicas que desborda las previsiones que
les presentó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero
durante el traspaso de poderes, y remarcará que el PP ha cumplido
compromiso como los de revalorizar las pensiones un 1%, tras mantenerse
congeladas durante todo 2011.
Asimismo, la norma incluye materias ajenas al ajuste
presupuestario, como la prórroga durante 2012 de la posibilidad del
Estado de otorgar avales a la banca por 100.000 millones de euros, que
el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha
justificado para evitar la sequía de crédito.
También se revisan las condiciones en las que una caja se
convertía en fundación si poseía menos del 50% de las acciones del banco
que gestione su negocio, eliminando este umbral, de forma que en la
nueva redacción dada por el decreto se alude simplemente a una situación
en que "deje de ostentar el control".
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