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MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, ha rechazado este miércoles el requerimiento realizado en la víspera al Estado peruano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para dejar sin efecto el proyecto de ley que considera prescrito cualquier delito de lesa humanidad o crimen contra la humanidad perpetrado antes de 2002, lo que incluye al expresidente Alberto Fujimori, que baraja presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales.
"(Estoy) indignado, absolutamente indignado por lo resuelto por la Corte IDH, que decide de la manera más insólita y sin que exista un precedente alguno en la jurisprudencia de esa corte, dictar una medida cautelar contra un proyecto de una ley, que ni siquiera se ha convertido en ley. Resulta intolerable que llame a los tres poderes de un Estado miembro, absolutamente independiente y soberano, para impedir que ejerzan las funciones que constitucionalmente le han sido atribuidas", ha declarado.
Adrianzén ha explicado que este tema se ha abordado durante la sesión del Consejo de Ministros, en la que se le ha ordenado "tomar contacto con los líderes de los poderes del Estado", es decir, al Poder Judicial y al Legislativo, "a efectos" de coordinar y emitir "una respuesta conjunta de los tres poderes" manifestando "por supuesto el rechazo a este tipo de disposiciones provenientes de la Justicia supranacional".
La Corte IDH requirió al Estado peruano, a través de sus tres Poderes, tomar "las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto" a fin de "garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas" de casos conocidos como Barrios Altos y La Cantuta. El tribunal consideró "necesario actuar en forma preventiva frente a un desacato de las sentencias emitidas por esta corte" en los mencionados casos, lo que "provocaría un daño irreparable en materia de superación de la impunidad, dejando sin efecto útil dichas sentencias".
La proposición de ley declara la prescripción de los procesos relativos a delitos de lesa humanidad correspondientes a hechos anteriores a la vigencia del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. El texto fue aprobado en primera votación con 60 votos a favor, 36 en contra y once abstenciones, aunque es necesaria una segunda votación para su aprobación definitiva.
El visto bueno de la norma paralizaría cualquier investigación y proceso judicial activo relativo a casos relevantes de las décadas de 1980 y 1990, como el caso de las esterilizaciones forzadas de indígenas, en el que está siendo procesado el expresidente Alberto Fujimori, y anularía las penas impuestas en casos correspondientes al mandato de Fujimori, excarcelado en diciembre de 2023 bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias y pese a la objeción de la Justicia interamericana.
El exmandatario, que indicó recientemente que le fue detectado un tumor maligno en la lengua y que se encuentra hospitalizado por una operación de cadera tras una caída, fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de usurpación de funciones, homicidio calificado con alevosía y secuestro, peculado y falsedad ideológica, corrupción y espionaje.
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